Guatemala es tierra fértil de emprendedores dispuestos a contribuir al crecimiento económico y al bienestar social. Sin embargo, a menudo estos visionarios encuentran obstáculos que frenan su progreso y limitan su potencial.

Un problema comúnmente citado es la excesiva burocracia. Para un emprendedor, cada trámite, permiso o proceso significa tiempo y dinero. Si bien Guatemala ha logrado simplificar ciertos procedimientos para pequeños contribuyentes, aún queda un largo camino por recorrer para crear un ecosistema que incentive la creación de valor a través del emprendimiento. He escuchado anécdotas de emprendedores que se ven forzados a obtener permisos que, bajo un escrutinio lógico, carecen de sentido. Por ejemplo, ¿por qué un negocio que operará dentro de un centro comercial ya establecido necesita un permiso ambiental?

En 2019 se promulgó la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, con la promesa de potenciar el ecosistema emprendedor guatemalteco. Aunque fue recibida con expectativa, ha pasado inadvertida para la mayoría de emprendedores y su impacto ha sido limitado. Este caso ilustra una verdad esencial: el emprendimiento no se legisla. Las buenas intenciones no sustituyen el poder de la iniciativa individual. Lo que el emprendedor necesita no es una ley que lo defina, sino la libertad para operar, innovar y crecer.

Lo más efectivo que puede hacer el gobierno es facilitar la creación y operación de negocios de manera que les permita crecer más allá de un autoempleo. Para ello se necesita un marco que promueva la libre competencia.

Un ejemplo claro de esto es la historia de la telefonía móvil en Guatemala. Tras la apertura del mercado y la privatización del espectro durante el gobierno de Álvaro Arzú, se produjo una ola de crecimiento y generación de valor en una industria que antes no existía. Con el tiempo, las tarifas disminuyeron, la cobertura se amplió y la innovación se convirtió en una necesidad de las empresas para poder diferenciarse. Hoy en día Guatemala, en comparación con muchos otros países, goza de servicios de telefonía de calidad a precios muy competitivos.

El resultado no solo se tradujo en varias operadoras telefónicas compitiendo entre sí, sino en miles de emprendedores que pudieron crear empresas y servicios alrededor de esta industria, desde aplicaciones hasta accesorios y soluciones tecnológicas, aprovechando la infraestructura y plataformas de las grandes operadoras.

En otra ocasión, el gobierno acertó al fomentar iniciativas de impacto positivo en el ecosistema emprendedor sin crear burocracia e involucrando al sector privado. Este fue el caso durante el gobierno de Óscar Berger con el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), que impulsó la creación de clusters de innovación en los que hubo colaboración entre emprendedores, universidades y funcionarios públicos. En mi opinión, esta iniciativa fue fundamental para incrementar la competitividad del país en sectores estratégicos como la industria de los centros de llamadas (call centers), que hoy en día genera decenas de miles de empleos directos y ha contribuido a fortalecer la economía de Guatemala.

En resumen, para fomentar el emprendimiento, el papel del gobierno no debería ser el de un proveedor directo de soluciones. En lugar de eso, debe ser el guardián que garantiza un campo de juego nivelado, libre de obstáculos burocráticos innecesarios y de barreras artificiales creadas para proteger a ciertos grupos. Los verdaderos emprendedores no piden más que la seguridad y la libertad para operar, innovar y crecer, beneficiando a la sociedad en su conjunto.