Imagina cómo es vivir en un estado de incertidumbre perpetua: en cualquier momento puedes perder tu empleo porque ya no tienes derecho a trabajar de forma legal. Imagina familias destrozadas: una madre que regresan a un país que apenas recuerda, obligada a dejar atrás a su hijo. ¿Qué harías si a los profesores, doctores y enfermeras de tu comunidad se les prohibiera de repente entrar en los salones de clase de tus hijos o atender a tus seres queridos? Como alguien que recibe la protección de la DACA, pienso mucho en esto.

Durante esta sesión del Congreso con miembros salientes, mientras los demócratas todavía controlan ambas cámaras, hubo una oportunidad para evitar que este escenario se volviera realidad. Una propuesta bipartidista, encabezada por los senadores Kyrsten Sinema y Thom Tillis, habría proporcionado una vía a la ciudadanía a unos dos millones de jóvenes inmigrantes, incluidos los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Sin embargo, fracasaron las negociaciones para incluirlo en el proyecto de ley de apropiaciones ómnibus de 2023.

Esta pudo haber sido la última oportunidad para salvar el DACA. El programa sigue bajo ataque y la Corte Suprema podría anularlo incluso el próximo año, con lo cual se les arrancaría de las manos los permisos de trabajo y la protección contra la deportación a cientos de miles de jóvenes. Los republicanos, en su preparación para tomar el control de la Cámara de Representantes en menos de dos semanas, ya han dejado claro que no promoverán leyes que protejan a los inmigrantes indocumentados.

Vine por primera vez a Washington en 2010 para luchar por la Ley Dream, la cual habría ofrecido una vía para que los indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños tuvieran la ciudadanía. Yo era estudiante universitaria en la Universidad de Texas A&M y convencí a United We Dream, una organización sin fines de lucro que defiende a los inmigrantes, de que cubriera el costo de un autobús que nos transportara a mí y a otros jóvenes estudiantes indocumentados de Texas a Washington para que pudiéramos participar en mítines y reunirnos con funcionarios electos con el fin de cabildear a favor del proyecto de ley.

Cuando no se aprobó la Ley Dream, muchos de nosotros hicimos más público nuestro estatus migratorio, un esfuerzo para presionar al presidente Barack Obama a que entrara en acción. Dos años más tarde, Obama firmó una orden ejecutiva para crear el DACA, una solución temporal que les permitía a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país de niños, como lo hice yo de México a los 7 años, obtener permisos de trabajo y protección contra la deportación si cumplían ciertos criterios.

En la actualidad, como directora ejecutiva de United We Dream, ayudo a dirigir nuestra red de jóvenes indocumentados, a sabiendas de que tengo que vivir con la misma incertidumbre, la misma incapacidad de hacer planes, sin un camino hacia la ciudadanía.

La semana pasada, vi cómo cientos de miembros de United We Dream, junto con otros jóvenes inmigrantes y aliados, llegaban a Washington desde estados como Alaska, Arizona, Míchigan y Carolina del Norte para instar al Congreso a actuar. Esos jóvenes, que tanto me recordaban a mí en 2010, me llenaron el espíritu con su esperanza, determinación y resiliencia.

Compartimos nuestras historias, celebramos mítines, fuimos de puerta en puerta en medio de una pandemia. Me rompe el corazón que, una vez más, el Congreso nos haya fallado.

Nuestra pérdida de permisos de trabajo y de protecciones contra la deportación tendría consecuencias de gran alcance para nuestro país. Como beneficiarios del DACA, tenemos que renovar nuestro estatus cada dos años. Si el programa terminara, lo más probable es que nos quedaríamos sin estatus de forma continua, es decir que un estimado de mil personas perderían su empleo cada día durante dos años.

Si perdemos nuestro derecho a vivir y trabajar aquí de forma legal, perderemos nuestra capacidad de pagar nuestras hipotecas, nuestro acceso a un seguro médico patrocinado por el empleador y la capacidad de pagar a nuestros empleados. Según New American Economy Research Fund, los inmigrantes que cumplen los requisitos para estar en el DACA ganan en conjunto más de 20.000 millones de dólares al año, la mayor parte de los cuales se pagan en impuestos federales o se gastan en la economía.

Representamos a unos 200.000 trabajadores esenciales, incluidos casi 30.000 profesionales de la salud que han ayudado a comunidades de todo el país a superar esta pandemia. La profesión de educador es una de las carreras más solicitadas por los beneficiarios del DACA. Si el programa finaliza, el campo se arriesga a perder 800 profesionales protegidos por el DACA al mes durante dos años. El fin del programa también generará incertidumbre a los más de 2,5 millones de personas que viven con un beneficiario del DACA.

Otorgarles la ciudadanía a jóvenes inmigrantes tiene un amplio apoyo de los votantes. Y los demócratas en el Congreso les deben su poder legislativo a los organizadores negros y morenos in situ en estados como Georgia, Pensilvania y Nevada, quienes se han organizado durante años, lo que ha dado lugar a una importante base de apoyo. Y en Arizona, donde han luchado contra las políticas racistas antiinmigrantes durante más de una década. Esos organizadores tocaron puertas en 2018, 2020 y 2022 para ayudar a los demócratas en Arizona a ganar y mantener dos escaños en el Senado y entregaron los votos del Colegio Electoral del estado a un candidato presidencial demócrata por primera vez en más de 20 años.

Cuando pienso en los millones de jóvenes inmigrantes, incluidos los beneficiarios del DACA, que han tenido que vivir sus vidas en un estado perpetuo de limbo, me lleno de ira justificada, la cual canalizo en acciones y en una disciplina de esperanza de que estamos trabajando para crear las condiciones a fin de ganar y construir los futuros que merecemos.

Necesitamos que el presidente Joe Biden y los miembros del Congreso se unan y afronten este momento con la urgencia que requiere.