Los beneficios de la inversión extranjera directa (IED) para el país receptor son muchos e incontrovertibles. En materia económica, por ejemplo, los ingresos favorecen la balanza de pagos, contribuyen al ahorro interno y las nuevas empresas traen una mayor competencia y crece el mercado interno. Con ellas se fortalecen las cadenas productivas, las empresas locales se vuelven más eficientes y terminan por ofrecer mejores productos a precios más competitivos. En adición, traen conocimiento y nuevas tecnologías. Y la “joya de la corona”: más trabajos para la población. No solo más empleos, sino empleos mejor pagados y con ello un incremento del nivel de vida.

Durante mi gestión como director general de ProMéxico, pocas cosas más satisfactorias había que regresar a la región en la que una empresa extranjera había decidido años atrás instalar su nueva fábrica o planta y poder constatar el efecto social que había generado. Ver calles mejor pavimentadas, escuelas nuevas, comercios boyantes.

No era casual que algunos gobiernos locales dedicaban tiempo y recursos en ir por esa inversión. Desde ProMéxico coordinábamos muchos de esos esfuerzos, convencidos de los enormes beneficios que tiene para el país receptor la atracción de IED pero, sobre todo, conscientes de que teníamos que ser muy proactivos pues, a nivel internacional, hay una feroz competencia entre casi todos los países del mundo por esas inversiones.

En ese ámbito, pudimos observar y catalogar empíricamente qué es lo que busca un inversionista extranjero cuando decide invertir fuera de su propio país. La geografía, la infraestructura de transporte, comunicación y la logística eran determinantes. De gran importancia, también, resultaba en la toma de decisiones el marco legal del país anfitrión y su estabilidad económica. Pero una vez que el inversionista certificaba estas condiciones, venía la negociación y lo primero que preguntaban era sobre los incentivos fiscales que le podíamos ofrecer (ojo: no preguntaban si los había o no; daba por sentado su existencia, dado que la mayoría de los países los ofrecen). De aquí que la discusión sobre su pertinencia era estrictamente académica y, en la práctica, lo catalogábamos como un “falso dilema”.

Había que construir los modelos muy bien, desde luego, para no afectar las finanzas públicas. A cambio, por ejemplo, era indispensable exigir inversiones de largo plazo, compromisos firmes de generación de empleos, interacción con empresas nacionales y consumo de materias primas locales. Pero una vez asegurados estos puntos, lo que pude constatar es que, si bien hay una reducción marginal de la recaudación en una primera instancia, el impacto positivo en las condiciones de la economía local es tal que la hacienda pública termina por obtener casi el doble de sus ingresos en el mediano y largo plazo.
Un modelo común para ofrecer estos incentivos es el de la vía tributaria en zonas con normativa específica para la actividad económica, también llamadas “zonas francas” o “zonas libres”, como las que veo con la mayor satisfacción aquí en Guatemala.

Como “vecino” y enamorado de este país, celebro estas iniciativas y auguro el mejor futuro para el desarrollo económico de Guatemala. Confío en que el compromiso del actual gobierno central, junto con el de la Municipalidad de Guatemala, sumada a la visión de varios empresarios guatemaltecos y organizaciones como Fundesa, que han impulsado una mayor internacionalización de su economía, rendirán pronto jugosos frutos.