En un atinado artículo publicado por el distinguido Lic. Flaminio Bonilla, titulado “Depurar los organismos y refundar el Estado”, 1ª parte, nos detalla el primer paso fundamental para empezar a soñar el sistema social que nos merecemos. “Debemos depurar a corruptos, ladrones y perversos”.

Así —sobre esas mismas bases— empieza la demolición del obsoleto Sistema Penitenciario (SP) y la fundación del Sistema de Rehabilitación y Correcciones de Guatemala. La entidad debidamente asentada en principios, metodologías y diseño de este siglo, y reconocida por entes internacionales como The International and Prisons Association for the Advancement of Professional Corrections (ICPA) y apropiadamente certificada por The American Correctional Association (ACA).

Quien reciba la responsabilidad de inventarlo deberá empezar por realizar una investigación y evaluación laboral concienzuda del personal actual. Su presupuesto y apropiaciones. Empezar a priorizar las deficiencias a resolver.

Probablemente durante el inicio, mientras depura el sistema del personal corrupto, precisará del apoyo del sector confiable de la Policía Nacional Civil y el Ejército —entidades que a su vez estarán realizando sus propias purgas, para garantizar el mandato de seguridad nacional—, como la Constitución ordena.

Dentro de la población carcelaria hay varios casos que no necesariamente deberían estar detenidos y podrían calificar a arresto domiciliario. Viene a tema el caso que conocí en mi última visita a las cárceles de Guatemala, donde un privado de libertad comentó llevar más de seis años esperando juicio, acusado de ser cómplice del robo a una tienda en la zona 16 de la ciudad capital, donde él afirmaba ser inocente y haber estado presente comprando sus propios insumos a la hora del atraco. Dos individuos en moto entraron, robaron y se dieron a la fuga. Llegó la Policía y él estaba aún parado allí. El caso es que está ocupando espacio, esperando juicio por un caso circunstancial —sin pruebas—, que, en mi opinión, debiera haberse resuelto hace mucho, sin indirectamente haberse convertido en otra razón más de la asfixiante sobrepoblación carcelaria.

Un sesudo programa de revisión de casos no sentenciados podría contribuir a una liberación inmediata de algunas personas y a disminuir en algo no solo la sobrepoblación, pero oportunidades de aprovecharse de ellos para robar. Como está demostrado, a más población, más robo legal del presupuesto asignado, e ilegal por sobornos y otros métodos.

Paralelamente se iría reforzando el personal con sangre nueva y capacitada. Creando el nuevo personal de seguridad, el cual podría reclutarse (cuadros probos) de los cuerpos de la PNC y el Ejército. Y personal profesional de apoyo (civil–administrativo) recién graduado de las universidades del país, capacitados por entidades internacionales amigas como Ascasepp, de España, mientras creamos nuestra propia Academia de Ciencias Correccionales.

La infraestructura requerirá de por lo menos cuatro cárceles (para incorregibles y criminales habituales), seis centros de rehabilitación para los que tengan potencial de rehabilitación y reinserción, y un hospitalito para atender a ese sistema.

Estos centros, como los ideamos con el Arq. colombiano Oliverio Caldas (algunos ya en función a lo largo de Colombia), son creados con la filosofía de que, con el tiempo, cuando se reduzca el crimen y así la población carcelaria, pasen a ser centros de capacitación para las comunidades, granjas comunales, polos de desarrollo académico o profesional, para beneficio de las localidades donde se encuentran. Obviamente, dichos centros serían edificaciones inútiles sin la apropiada aplicación tecnológica de punta y la metodología más avanzada de rehabilitación y reinserción. El sistema correccional debe ser un ente de transformación, más que de castigo, garantía de una comunidad segura, donde los que respetan la ley puedan vivir seguros y en paz.