Recién hemos celebrado el bicentenario de la independencia de Guatemala y hace días la “Revolución del 44”. Ambas celebraciones generan sentimientos encontrados, pues por un lado recordamos el fin de la soberanía española sobre nuestra patria y por el otro, un proceso de cambio aparente, pero al evaluar nuestra situación actual advertimos que no hemos avanzado mucho como país. Estoy seguro de que cada guatemalteco desea lo mejor para sí mismo, para su familia y su nación, y es por eso que nos sentimos desilusionados con nuestra situación actual. Escuchamos cada cuatro años a los políticos de siempre prometer mejorar nuestra realidad, pero la única mejora es la de ellos. Vemos con mucha desilusión cómo sus “soluciones” crean más paternalismo, pobreza, violencia, ignorancia y corrupción.

Cualquier persona con dos dedos de frente entiende que, si aumentamos el gasto en lugar de la inversión, nuestra situación financiera irá de mal a peor. Pero por alguna extraña razón, esa lógica no la aplicamos al Gobierno y permitimos que este aumente la burocracia, que es gasto, pues no produce ganancias, y cuando su presupuesto se consume completamente, lo aumentan a fuerza de impuestos y deuda pública.

Iniciamos con un gobierno relativamente pequeño, pero dueño de la tierra, del subsuelo y con impuestos, regulaciones y privilegios. A lo largo de nuestra historia independiente llegamos a tener un gobierno que gasta más de 100 mil millones de quetzales al año, 12 veces más que en 1960. Que con sus más de 2,217 leyes aprobadas solo durante el período democrático (1986-2020) y sus fallidas “soluciones” ha reducido la población económicamente activa de un 62% en 1980 a un 27% para el 2020, o sea, un país con escasas oportunidades. Cuando en 1960 el Gobierno representaba un gasto del 17% de los ingresos de un trabajador promedio, en 2020 representa el 60%. Esta situación nos mantiene pobres y cada vez con menos posibilidades de salir adelante. Por eso no es de extrañar los altos niveles de informalidad y migración en el país.

Este fenómeno se ha venido dando desde el mismísimo grito de independencia. La reforma liberal de 1871, la revolución de octubre del 44, la transición a la democracia en 1986 y hasta la firma de la paz en 1996 han contribuido a empeorar el problema. Y no se detendrá hasta que tomemos acción política para cambiar ese sistema estatista, hacia uno de capitalismo liberal, orientado a privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Con una Constitución que consagre los principios que han hecho prósperas a otras naciones a lo largo de la historia: gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. Solo un sistema político y económico como este es capaz de conservar y potenciar los valores tradicionales a la vida, al matrimonio y a la familia.

Para lograr ese clima de orden, justicia y libertades, en el marco de la verdad, necesitamos cambiar la conversación nacional, apuntando hacia los temas que verdaderamente importan. Necesitamos abandonar la politiquería sucia, anecdótica y personalista, y reivindicar la política profesional, como recurso práctico para evitar la violencia. Necesitamos reivindicar los partidos políticos de cuatro dimensiones: ideológicos, programáticos, representativos y electorales, para romper con el caudillismo mesiánico predominante. Y reivindicar la democracia representativa, único recurso válido contra las tiranías.

No, no son pequeños ajustes ni medidas parciales, son reformas auténticamente liberales clásicas, radicales, completas y congruentes las que necesita Guatemala. Una genuina “Devolución” de funciones, poderes y recursos que el Gobierno nos ha quitado a los guatemaltecos de a pie, para que cada uno pueda valerse por sí mismo y prosperar al fin.