Garantizar la seguridad física de las personas y la protección de su patrimonio, como lo establece la Constitución Política de la República, requiere que las instituciones del sector de seguridad y justicia tomen decisiones informadas e implementen acciones de manera coordinada. Intervenciones que desde el diseño hasta su implementación necesitan hacer uso de información oportuna. En la actualidad, los sistemas de información con los que las instituciones del sector de seguridad y justicia cuentan provienen de los delitos que han sido denunciados o de aquellos que han sido descubiertos en el acto —o de la cantidad de necropsias que se realizan en el caso de los homicidios—. No obstante, en los delitos que no se denuncian y en la percepción de seguridad de la población, hay información valiosa que puede recabarse y ser sistematizada para aportar elementos relevantes en el diseño y evaluación de intervenciones. Información que se podría recabar a partir de la elaboración de encuestas de victimización.

Una encuesta de victimización es un instrumento que se aplica sobre una muestra representativa de la población sobre la que se quiere inferir, con el propósito de recabar información a profundidad de los hechos delictivos de los cuáles han sido víctimas, el nivel de denuncia de estos, las razones por las cuáles las víctimas no denuncian y las percepciones que tienen los entrevistados acerca de la situación de seguridad del entorno en el que viven. Más que una “fotografía” que permita caracterizar cada uno de los elementos mencionados anteriormente, la riqueza de una encuesta de victimización radica en que se realice de manera periódica. De este modo, es posible construir una “película” que permite analizar la evolución de la ocurrencia del delito, su nivel de denuncia, la confianza hacia las instituciones y las percepciones de seguridad a lo largo del tiempo. De tal forma que la información recabada en este tipo de encuestas no únicamente enriquezca el diseño de las intervenciones realizadas por las instituciones del sector de seguridad y justicia, sino que se convierta en una herramienta de retroalimentación.

En mayo del 2021, el Ministerio de Gobernación (Mingob) dio a conocer los resultados de la primera Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad y Victimización (Enpevi) de Guatemala. De diciembre del 2017 a febrero del 2018 se levantó una muestra aleatoria de 17,784 personas mayores de edad, que eran residentes habituales de las viviendas seleccionadas. Se identificó que el 16% de guatemaltecos mayores de 18 años fueron víctimas de al menos un delito. Comparado con otros países que realizaron una encuesta similar entre el 2017 y el 2018, se encuentra que México (28.8%), Perú (26.1%), Argentina (19.9%) y Panamá (19%) mostraron una tasa de victimización superior a la de Guatemala y El Salvador (14.1%) y Estados Unidos (1.9%) presentaron una tasa menor. La Enpevi muestra que el 23% de las personas que fueron víctimas de algún delito presentó una denuncia. Siendo la Policía Nacional Civil (PNC) la entidad en donde la mayoría lo hizo (77%). En el 2018, la cifra gris —% de personas que fue víctima de algún delito y no lo denunció a alguna autoridad competente— fue del 77%. Destacaron tres grandes razones para no denunciar: la autoridad competente no hubiera hecho nada (38%), falta de pruebas (30%) y miedo a represalias (25%).

Luego de la publicación de los resultados de la Enpevi en el 2022 —datos levantados en el 2018— no se ha realizado otra encuesta de victimización. Sería valioso elaborar una nueva encuesta en el 2023, para comprender la manera en que la victimización, cifra gris y confianza hacia las instituciones ha evolucionado desde el 2018. Asimismo, será de utilidad para que las autoridades al frente del Mingob en el próximo gobierno tengan una línea base para retroalimentar todas las intervenciones que implementen.