La conclusión del gran foro anual de las Naciones Unidas para debatir sobre el cambio climático este mes en Glasgow dejó desconcertados a muchos asistentes. Los guardianes del dinero tomaron las riendas.

COP26, el nombre que se le dio a esta reunión, no se pareció mucho a sus predecesoras; fue más bien otra “Davos” (reunión celebrada en enero por el Foro Económico Mundial en que los magnates de la economía global y los reguladores preparan el mapa de nuestro futuro económico). Decenas de jets privados llegaron a la COP26, con una profusión embarazosa de inversionistas y cabilderos de la industria de los combustibles fósiles. La escritora sobre temas financieros Gillian Tett hizo notar la transformación observada entre 2015 y esta edición, pues la “tribu” de asistentes a la COP se ha transformado de “ministros del medioambiente, científicos y activistas” a “líderes empresariales, financistas y funcionarios monetarios ”. Esta metamorfosis sin duda hará menos democráticas las tácticas y metas del movimiento.

Desde la perspectiva de los ambientalistas, la COP26 concluyó en una atmósfera de confusión. Los dos países del mundo que más carbón queman, China e India, se negaron a firmar el acuerdo para la eliminación gradual de ese combustible, el más sucio. Para la industria financiera, el futuro lució más halagüeño. La nueva Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas congregó a 450 instituciones financieras en torno a un plan del “sector privado” cuyo propósito es conducir al mundo a una meta de cero emisiones netas de carbono. Bank of America, BlackRock, Goldman Sachs, Vanguard y Wells Fargo firmaron el convenio. Varias aseguradoras (como Lloyds), agencias calificadoras (como Moody’s), fondos de pensiones (como el sistema de retiro para los empleados públicos de California) y proveedoras de servicios financieros (como Bloomberg) también han expresado su respaldo. Todas ellas están listas para actuar, incluso si los activistas de la COP no lo están.

Mark Carney, antiguo ejecutivo de Goldman Sachs, exgobernador del Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra, y actual “enviado especial” de las Naciones Unidas para la acción climática y las finanzas, encabeza al grupo. Según se dijo, alrededor de 130 billones de dólares están a disposición de la alianza. Una cantidad muy significativa, más de lo que genera todo el mundo en un año y aproximadamente seis veces el producto interno bruto de Estados Unidos.

El plan de la alianza es vago. Menciona “fomentar la coordinación entre el liderazgo de las instituciones financieras y las empresas en torno a los planos para alcanzar cero emisiones netas” y utilizar “palancas” financieras para imponerles a los actores económicos normas en materia de neutralidad de carbono. El resultado: La alianza no entregará fondos a los “proyectos” relacionados con el clima. Más bien, se encargará de indicar cómo podrían invertir esos fondos; favorecerá conductas que la industria financiera considera virtuosas y desalentará aquellas que no. Este plan concentraría en manos de los banqueros un extraordinario poder político, exactamente el lugar en el que por prudencia deberíamos temerle más al poder.

“No es posible alcanzar el cero neto con solo presionar un interruptor verde”, anunció Carney a finales del mes pasado. “Necesitamos renovar por completo nuestra economía”. Es un eufemismo para describir la deseada “transición energética”, que inevitablemente requeriría un gasto enorme, disrupciones generalizadas y una redistribución de muchos derechos sobre bienes. La pregunta es si es prudente confiarles esta tarea a los financistas y no a los científicos o los electores, por ejemplo. Al parecer, la alianza quiere responder esa pregunta antes de que el público general siquiera se percate de que se ha planteado.

Es posible argumentar que quienes administran el dinero tienen cierta legitimidad que los califica para estar al frente de un esfuerzo internacional con el objetivo de salvar al planeta. Es la misma legitimidad que tienen celebridades activas como Charlize Theron, Bono y Sean Penn. Su poder no es democrático, aunque por alguna razón se percibe así. “Votamos” por esas estrellas cada vez que compramos sus productos.

De la misma manera, a un banquero le confiamos la parte soñadora de nuestra persona. Le damos control sobre nuestros ahorros. Lo cierto es que combatir el cambio climático requiere cierta capacidad de predecir el futuro, o por lo menos hacer conjeturas razonables sobre él. Eso es justo lo que le confiamos a nuestro asesor de inversiones, al menos con respecto a esa parte de nuestro futuro que puede medirse con el promedio del Dow Jones industrial. Es más, si de verdad pretendemos renovar al mundo, necesitamos recursos del tipo que solo controle el sistema financiero. “Ningún país cuenta con presupuesto suficiente para hacer lo que necesitamos hacer”, señaló John Kerry, enviado del gobierno de Biden para asuntos climáticos, en una de las primeras reuniones de la Alianza Financiera de Glasgow en abril.

Ese es precisamente el problema. Los gobiernos no cuentan con dinero suficiente para hacerlo porque les falta legitimidad. El dinero que Kerry propone utilizar para un programa de rescate climático no proviene de la recaudación de impuestos con ese propósito. Es un bien mueble del pueblo, sus inversiones privadas, los ahorros de toda su vida. Quizá los ciudadanos estén dispuestos a entregarlo para alcanzar el noble propósito de salvar al planeta. Pero en una, el gobierno debe pedirles democracia permiso antes de hacerlo. Mientras no den su consentimiento, no es dinero del gobierno.

En la mayoría de los casos, el dinero tampoco es de los bancos. Carney, por lo pronto, parece haber olvidado de ese pequeño detalle. “Tenemos todo el dinero que se necesita”, afirmó en la cumbre. No es cierto. Los banqueros “tienen” el dinero porque lo resguardan, pero no pueden hacer lo que quieran con él. Un banquero sencillamente se encuentra en uno de los embudos a través de los cuales pasa el dinero de los ciudadanos. En la mayoría de los casos, solo tiene permitido estar presente en tanto actúe con altruismo. Actúa en carácter de “fiduciario”. La ley y las costumbres lo obligan a proteger solo los intereses de las personas cuyo dinero resguarda. No puede utilizar ese dinero en su propio beneficio, ya sea financiero o ideológico.

A los banqueros siempre les han fastidiado estas tradiciones. Ciertos consultores de inversiones que pertenecen a la alianza declaran con toda franqueza que titubear mientras el mundo se calienta constituye una violación de sus responsabilidades fiduciarias. El gobierno de Biden comparte esta postura. Este mismo otoño, el Departamento del Trabajo redactó un cambio en las normas de la Ley de Seguridad de los Ingresos para el Retiro de los Empleados que les exigiría a los fiduciarios considerar factores ambientales, sociales y de gobierno además de los intereses del depositante .

A los bancos les cuesta caro ignorar las normas fiduciarias tradicionales cuando tienen competidores que las obedecen. Esto se debe a que, al menos en teoría, los depositantes se irían en desbandada a otros bancos con mayor interés en los rendimientos. Por lo tanto, un proyecto como la Alianza Financiera de Glasgow va de la mano con la expectativa de recibir protección del gobierno, protección de la competencia. En la junta que sostuvo la alianza en abril, el director ejecutivo de Morgan Stanley, Thomas Nides, Dijo: “En este momento, las instituciones financieras no deben competir, sino trabajar en colaboración”. Cada quien responda a la pregunta de si se trata de una buena idea Dependiendo de qué piensa que sea más probable:

En Glasgow, unos cuantos individuos que se autodesignaron representantes de una industria muy rica se adjudicaron un papel muy especial en la tarea de forjar el futuro de la humanidad. Al hacerlo, abrieron una grieta. Los activistas del clima reaccionaron con desconfianza, pues se percataron de que muchos miembros de la alianza todavía canalizan fondos a la extracción petrolera. Los banqueros de la alianza, por otra parte, parecen creer que la sociedad está lista para seguirlos. Los electores, y no los banqueros, deberían ser los jueces.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times .