El jueves por la noche nos comunica el Sr. presidente que ha decretado el estado de Calamidad para frenar el contagio del covid-19. Su acción responde a una carta enviada por la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República, que a su vez se basa en una solicitud de los médicos, que están muy preocupados por el colapso de los hospitales. Hace dos semanas se decretó un estado de Calamidad que fue rotundamente rechazado por todos, hasta que el Congreso finalmente lo improbó. Irónicamente, ahora es el mismo Congreso quien lo solicita, por lo que de seguro será ratificado.

Entiendo perfectamente que los médicos se preocupan al verse sobrepasados por la cantidad de personas enfermas que buscan hospitalización. Además se sienten desamparados al no poder atenderlos como se debe, ya que la ocupación está por encima del 100%. Para justificar su solicitud presentan tres escenarios que la Comisión del Congreso trasladó al Ejecutivo, en donde se vislumbra que, de no tomar medidas drásticas de inmediato, ocurrirá una catástrofe sanitaria. Es lógico y loable que los médicos se enfoquen en la cantidad de enfermos nuevos diarios que llegan a los hospitales. Sin embargo, aunque su modelo matemático venga del extranjero, se ignora cuáles son las condiciones futuras que le dieron al modelo para lograr los tres escenarios. Un modelo matemático es adecuado para la toma de decisiones si su programación es exacta, si los datos son de calidad, si las condiciones futuras son válidas y, sobre todo, si los resultados son interpretados con criterio. En el presente caso, es obvio que los resultados se basan en datos antiguos, porque ni siquiera consideran la mejora que se ha tenido desde el 18 de agosto.

Tomar una decisión basado en resultados dudosos de un modelo es muy arriesgado. En el presente caso, el decreto funciona como ventaja, ya que la prohibición de las fiestas y reuniones por sí sola logrará que baje el contagio. El toque de queda, un valor añadido, por brindar un alivio a las emergencias de los hospitales, por la reducción del número de heridos por accidentes que recibirán. A pesar de esto, no considero que lo positivo justifique el hecho de que la decisión fue tomada en base a información totalmente desactualizada.

El verdadero problema de los hospitales es la cantidad de personas que enferman de gravedad. La única solución para ello es la vacunación generalizada y llegar a los 10.52 millones de habitantes vacunados con el espectro completo a la mayor brevedad posible. La campaña de vacunación se puede reforzar mediante el estricto cumplimiento del semáforo, de los protocolos de seguridad y de las medidas de prevención. Las acciones de la población son las que determinan el comportamiento del contagio y sabemos que la nueva normalidad funciona, solo debemos seguirla. Las entidades responsables de verificar el cumplimiento de la nueva normalidad son las municipalidades.

Respecto de las municipalidades, ¿Por qué no intervienen? La respuesta obvia es que la mayoría de las alcaldías están en manos de un partido político diferente al del Sr. presidente. Por ello, obedeciendo las instrucciones de su propio partido, rehúsan categóricamente cumplir con su obligación en esta pandemia. Es una lástima que la política se haya mezclado con la crisis sanitaria, porque vemos cómo los intereses partidarios se anteponen a la salud de los residentes del municipio.

El estado de Calamidad para contener el contagio llega cuando ya llevamos dos semanas de mejora. En esta ocasión llega apoyado por el Congreso, pero muy tarde y mal fundamentado.