La publicación de la encuesta de condiciones de vida (Encovi) ha suscitado nuevamente la discusión sobre el incremento del gasto público para enfrentar la pobreza, y el debate sobre la desigualdad. Sin negar que efectivamente hay lamentables condiciones de pobreza, algo visible en todo el territorio, me permito reflexionar sobre ciertas cuestiones, conceptos y cifras.

El Instituto Nacional de Estadística (página web) señala que el valor de la canasta básica alimentaria es de Q3,540.60, pero sitúa la línea de pobreza extrema (LPE) —costo de adquirir la canasta de alimentos— en Q5,750. También indica que la canasta básica vital cuesta Q6,460.95, pero establece la línea de pobreza no extrema en Q10,218. Ambas comparaciones obedecen a que los conceptos se definen de igual manera y tomar una u otra cantidad modifica sustancialmente las conclusiones. Cuestionar lo anterior, insisto, no niega una realidad, pero sí orienta y matiza los resultados del informe.

Los datos deben servir para debatir seriamente el asunto, no para alentar posiciones ideológicas ni políticas económicas interesadas. Ahora se ignora la encuesta Encovi 2011 porque no se hizo con la metodología adecuada ¿Qué interés del momento (gobierno UNE) aconsejó ese cambio y cuál fue la razón? Tal vez manipular las cifras entonces, por si la experiencia sirve de algo ahora. Perpetuar los manoseados programas sociales de los gobiernos UNE o PP —avalados por muchos otros partidos políticos— es más un error que un acierto, y definitivamente no ha sido la solución. Desde que se implementaron, las cifras de pobres, según Encovi, ha crecido. ¡Para pensar en ello!

La pobreza del país es debido a la falta de creación de riqueza (explicado por Fritz Thomas, la pasada semana), no de la desigualdad. Y es producto de muchas cosas, también de: privilegios fiscales, economía informar —cercana al 70%—, que elude pago de impuestos directos, depredación del presupuesto (especialmente los sindicatos de educación y salud, que engullen cualquier cantidad en beneficio de la élite sindical y del grupo); compra de medicinas sobrevaloradas y corrupción institucional generalizada, todos acompañados de alta ineficiencia (o connivencia) de la Contraloría y ausencia de castigo para dichas acciones delictivas. Basten unos ejemplos: el dispendio de los fondos rotativos del Congreso; más de Q1,000 millones gastados (2011-2015) para subvencionar el ineficiente transporte público; alrededor de Q2,156 millones que nos costará el pacto colectivo de salud, que incluye el pago de Q24 millones para el abogado que lo negoció y no menos de seis bonos, entre ellos el de “trabajo decente” y ciertos llamativos gastos de la Usac (primer cuatrimestre del año), como parte de una cifra millonaria total: tres pistolas calibre 9 mm, viajes a Rusia (Q133,000), compra de 9 mil libras de café valoradas en Q200,000; adquisición de casi mil de botes de desodorante ambiental y Q13,702.50 para la velada huelguera. Además, seguimos sin saber cuánto cuesta graduar a un estudiante o la cantidad que reciben decanos, profesores o la directiva, porque nadie en este país se ha preocupado de fiscalizar seriamente al monopolio de la enseñanza universitaria estatal. Sin embargo, tanto sindicatos como sancarlistas y diputados rasgan sus vestiduras y reclaman acciones contra la pobreza, mientras dilapidan opacadamente millones del presupuesto. Penosa doble moral, ideologizada en función del momento y de intereses de quienes desean poder.

En resumen: deficiente diagnóstico, interesadas propuestas y malas soluciones. ¡Nada nuevo!