Los fraudes electorales cometidos por los gobiernos militares que ejercieron el poder en Guatemala entre 1970 y 1985 resultaron en un clamor ciudadano por darle un papel central al Tribunal Supremo Electoral en la Constitución de 1985. Había que escapar del gobierno ejercido por una minoría militar y empresarial. Había que permitir la expresión de la mayoría.

El nuevo TSE tuvo éxito en garantizar la realización de elecciones libres. Arturo Herbruger, entonces presidente del TSE, simbolizó lo que era una nueva y efectiva institución que surgía al amparo de aquella joven democracia, para fortalecerla.

Pero luego el poder del dinero comenzó a erosionar a la democracia, que debía reflejar los deseos de la mayoría. Las campañas se convirtieron en eventos cada vez más costosos, sin límite de tiempo.

Las consecuencias fueron claras: los candidatos con posibilidades de ser electos se restringieron a aquellos que lograban asegurar un fuerte apoyo financiero proveniente de diversas élites económicas, tradicionales o emergentes; los candidatos que no tenían poder financiero no eran viables.

Muchos candidatos y autoridades electas se convirtieron en rehenes de sus financistas o combinaron la política con los negocios para así generar un círculo especialmente vicioso.

Esa capacidad de incidencia de minorías financieramente poderosas se ha reflejado en presiones concretas, como las que ahora buscan que el Congreso apruebe la injusta e ineficaz ley de promoción de inversiones.

Ojalá que las restricciones ahora impuestas al poder del dinero por el TSE puedan continuar ampliándose. La ley actualmente vigente plantea restricciones legales al monto total de recursos autorizados para dedicar a la campaña, y autoriza al TSE para controlar y fiscalizar los recursos que reciban los partidos. Ello podría ser la base de un extenso monitoreo por parte del TSE, incluso con apoyo de organismos de la sociedad civil.

Cobra aún más importancia ante el amplio reconocimiento de la creciente participación del crimen organizado en este financiamiento.
Las reformas propuestas a la ley de partidos políticos —sobre lo cual recientemente dictaminó la Corte de Constitucionalidad— contemplan centralizar los gastos de publicidad en el TSE para que este y no los partidos contraten a los medios responsables de propaganda.

Contribuiría a una mayor transparencia, al control del gasto y a reducir la influencia de las minorías de gran poder financiero —incluyendo al crimen organizado— que ejercen el poder a costa de la mayoría de la población. Se fortalecería la democracia.

Pero hay que moderar el optimismo: estas reformas dependen de bancadas del Congreso que ya tienen un gran poder financiero o que están sujetas a presiones de ciertas minorías financieras.

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