El papel de la Corte de Constitucionalidad en quitarle o no la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina ilustra las grandes tensiones que actualmente existen entre la aplicación de la justicia y el ejercicio del poder en Guatemala. Primero tuvimos un verdadero juego de ping-pong. Por una parte teníamos a los magistrados de la Corte que no querían quitarle la inmunidad al presidente, plegados al poder ejecutivo. Por otra teníamos aquellos que no querían detener la gestión iniciada en Corte Suprema de Justicia para que el Congreso decidiera si le quitaba la inmunidad o no. Como se sabe, las decisiones de la Corte cambiaban según quienes eran los magistrados presentes. Al final prevaleció la posición más independiente, pero el daño ya estaba hecho: la percepción general, como lo señaló con lucidez Jorge Mario García Laguardia en una entrevista televisada, era que los argumentos políticos y no los jurídicos habían predominado.

Pero luego hubo un paso adicional, que compromete aún más a la Corte de Constitucionalidad. Ante la evidente falta de control de la clase política dominante sobre la Corte, tuvo lugar el veloz nombramiento de un nuevo magistrado titular por parte de la alianza PP-Líder. Esta necesitaba contar con tres votos, y lo impusieron, en contra de la incipiente y dividida oposición en el Congreso. Puede suponerse que con ello la alianza PP-Líder busca controlar posibles iniciativas de quitarle la inmunidad a políticos de alto nivel en el futuro: basta con una solicitud de amparo que tres de los magistrados declaren con lugar y así se detiene el proceso. Y, en general, esta acción pone claramente en evidencia el intento de que el ejercicio del poder domine a la aplicación de la justicia.

Sin embargo, la propia dinámica política actual, proveniente de masivas protestas ciudadanas y de presiones externas, ha demostrado que no siempre se puede contar con magistrados incondicionales ante el poder político establecido. Lo demuestra la actuación de la Corte Suprema de Justicia: en su selección fue crucial la intervención de las autoridades del actual gobierno, pero no se han plegado a este. Veremos qué ocurre con la Corte de Constitucionalidad ahora que ya tiene al magistrado que sustituyó a Alejandro Maldonado como magistrado titular. Parece que más que criterios jurídicos, lo determinante será el grado en que el abuso de la clase política dominante pueda ser detenido por la indignación y el poder ciudadano. El peligro, en cualquier caso, es que los argumentos políticos y no los jurídicos continúen siendo determinantes. La politización de la justicia es evidente.

Una de las anclas básicas de un Estado moderno, el respeto a las leyes, o el estado de derecho, nunca bien establecido en Guatemala, ahora cae a lo más bajo. Y el problema no es uno de leyes, como explica Jorge Mario García Laguardia, sino que es uno de personas. El desafío es cambiar a las personas, no a las leyes. Ese cambio incluye la renuncia del Presidente.

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