No habría cabildeo, oferta económica, propuesta indecorosa, amenaza o prebenda alguna que pudiese desviarlos del objetivo de elegir a los mejores.

Si así hubiese sido en esta última, todos los que fueron objetados por algunos de los diversos opositores  no habrían salido electos y aquellos promovidos por “los otros” opositores habrían salido electos.  

 Lo anterior suena a ese mundo utópico, perfecto o feliz, a lo Aldous Huxley. Por lo tanto se colige que la Corte de Constitucionalidad habría retrotraído todo el proceso hasta el principio, eliminando de un tajo las decisiones de esas comisiones “espurias”, es decir chuecas, pero legales, aunque haciéndolo se estuviese cometiendo otra ilegalidad constitucional, dependiendo del punto de vista del analista crítico porque dos de los magistrados se opusieron.  

Si se hubiese repetido todo el proceso. El  aparato  político de cabildeos de ambos lados se habría activado haciendo exactamente lo mismo.  Uno que otro sería evaluado mal, y uno que otro evaluado bien. Y uno que otro habrían sido electos con igual cantidad de abucheos y aplausos de ambos bandos. Ese no es el mundo feliz de Aldo Huxley, es Guatemala. Y también sería la misma Ley de Comisiones de Postulación con las mismas debilidades congénitas que nació y que impiden la selección de los mejores  y más idóneos candidatos con altos estándares de calificación y cumplimiento.

Conviene entonces aplaudir lo que hizo la Corte de Constitucionalidad en cuanto a  confirmar a los magistrados electos —aun cuando fuere tres votos contra dos— y atender lo que recomiendan: Y cito: “El sistema como está diseñado, nos ha demostrado en dos ejercicios de elección —de magistrados de Cortes— que provoca confusión, no es claro, es ambiguo y tiene muchas falencias. Está colapsado. Es imperativa e impostergable la reforma constitucional”.

Esa es la realidad y con ella tenemos que convivir a  menos que estemos dispuestos a “iniciar una discusión conformada por sectores académicos, organizaciones sociales, centros de investigación, jueces, magistrados, fiscales, diputados y autoridades gubernamentales para llegar a acuerdos sobre este tema, y de esta manera contribuir con sus aportes para promover las leyes relacionadas al sector justicia”.

Una vez definidas y consensuadas esas propuestas, atinentes única y exclusivamente a las reformas al sistema de justicia, se podrán incluir en el próximo proceso electoral para la aprobación de la ciudadanía.  Hasta entonces Guatemala podrá resolver la problemática que aqueja la institucionalidad del país y de nada servirá que prosigamos metiendo amparos y revisiones.

El problema es sistémico y  de orden constitucional, pero también del  interés colectivo de todos los estamentos de la sociedad  en mover del otro lado de la cordillera, al valle de la independencia de poderes y el estado de Derecho, todo nuestro sistema de justicia. Por último: Ojalá los periodos de los magistrados sean más largos, para no tener que pasar este calvario cada sesenta meses.  

alfredkalt@gmail.com