Los terroristas, narcos, agitadores y otros delincuentes, han comprendido que haciendo mucha bulla —o asesinando a mucha gente— es más fácil imponer o negociar condiciones ventajosas. El cansancio del conflicto —producto en parte del terrorismo— permea la mente del ciudadano noble y facilita pactar cualquier cosa, aunque esté fuera de la ley.

Sobran ejemplos al respecto: las negociaciones con el IRA y la ETA, los secuestros aéreos en la década de 1980 o las posturas de Israel o EE. UU. frente a situaciones en Palestina o Irak/Afganistán, además de la firma de la “paz” guatemalteca. En unas prevaleció el Derecho y simplemente no hubo acuerdos, porque la parte negociadora fue reconocida como delincuente. En otras, el Gobierno decidió facilitar las cosas y se negoció todo aquello que se pudo, con consecuencias que Uribe deja entrever en su tuitero mensaje. La ETA fue liquidada por la contundencia e inflexibilidad del gobierno de Aznar, ¡por cierto!, algunos cercanos a ellos, promueven en Guatemala bochinches por Huehuetenango; los secuestros aéreos o los asaltos a embajadas por la decisión firme de los gobiernos de no ceder ante ninguno. Sin embargo, la flexibilidad en determinadas negociaciones, especialmente en países latinoamericanos, ha generado más violencia y problemas en el medio y largo plazo. Ahí está el caso argentino, donde se juzga a militares de la dictadura y se obvia prepotentemente a los terroristas de la época, con beneplácito del gobierno kirchnerista naturalmente. O los sucesos nacionales, donde determinadas organizaciones “indígena-campesinas” al mando de los habituales del conflicto interno (¿Nobel incluida?) y los “independentistas mayas” asesorados y hasta subvencionados por independentistas, tienen revolucionado el país o lo paralizan a su antojo.

Colombia no debe incurrir en errores que otros cometieron por desconocimiento, dejadez, protagonismo personal o falta de capacidad negociadora. Tiene razón Uribe al temer que una mala negociación termine creando en Colombia zonas autónomas que coinciden con las regiones donde narcoterroristas de las FARC han hecho santuarios en los que predomina la ley del crimen organizado. Santos, por su parte, pareciera comer ansias por lograr lo que no ha conseguido ningún presidente anterior: cerrar un capítulo oscuro de la historia colombiana. Sin embargo, el precio será elevado en el futuro, aunque en aquel porvenir ya le habrán concedido algún Nobel o premios varios, y otros pagarán las consecuencias. Exactamente igual que ocurre aquí.

El único precio de la paz es el cumplimiento de la ley, ¡no hay otro! Cuando la politiquería y el personalismo se interpone a la razón y a la norma, cualquier cosa es posible, pero hay que aclarar que muchos terminarán pagando las consecuencias. Los crímenes, asaltos y delitos se han multiplicado por cien. Parte puede ser culpa de cuestiones emergentes, pero muchos de situaciones falsamente cerradas que permiten negociar, pactar o tener como interlocutor a cualquier criminal. Por cierto, deberían verificar en Colombia cuántos de estos expertos exguerrilleros o ideológicos chapines asesoran a las FARC, ahí cerrarían el círculo que Uribe dejó acertadamente entrever.