Recuerdo bien a Nancy Cruz, aunque nunca la conocí. Pero me vienen a la memoria la descripción de su muerte, las escenas reconstruidas por los forenses y la identificación de sus presuntos asesinos: Ho-Yin Teong, de 22 años, originario de Hong Kong, y los guatemaltecos Jorge Eduardo Pérez Morales, de 28, y José Alejandro Díaz Sarti, de 30; uno de ellos vecino del edificio en donde vivía Nancy, otra víctima de un claro caso de feminicidio.

A Nancy la asaltaron en su propio apartamento, la violaron y la golpearon antes de estrangularla con un lazo, en lo que investigadores calificaron como “un crimen de oportunidad”. Así acabaron con la vida de una de las alumnas más destacadas de la Academia de Ballet Marcelle Bonge, una joven talentosa y completamente dedicada a su arte.

Jorge Eduardo Pérez Morales, uno de sus presuntos asesinos, ha estado recluido en la cárcel desde su captura, pocos días después del crimen. Pero el jueves pasado huyó del Hospital Roosevelt, a donde fue llevado por sufrir de la picadura de un insecto, en uno de esos hechos surrealistas al extremo, tan abundantes en esta tierra de las “oportunidades” trastocadas. Al reo Pérez Morales le dieron un beneficio del cual carecen miles de ciudadanos honrados y trabajadores, cuyo acceso a la atención sanitaria es sistemáticamente negado. Esto, a pocos días de un suceso sangriento con cauda de cuatro muertos y más de 20 heridos por una situación semejante en el Hospital General San Juan de Dios.

Las fugas de reos en circunstancias como esta, que escapan a toda lógica, demuestran la profundidad y extensión de la corrupción en el sistema penitenciario. La movilización de un presunto asesino a un centro de salud al cual acuden hombres, mujeres y niños en busca de atención médica, es un ejemplo de hasta dónde llega la irresponsabilidad de las autoridades y la negligencia en sus decisiones. Poner en peligro la vida de personas inocentes, especialmente vulnerables por estar en condiciones precarias de salud, es una evidencia más de cuán poco importa a los funcionarios la integridad de la ciudadanía.

Este escape permite presumir que el acusado por la muerte de Nancy Cruz pagó a los guardias del sistema de presidios una buena suma de dinero para que consideraran su picadura de insecto —presumiblemente, un mosquito— como una herida suficientemente grave y de alto riesgo para su salud. También se presume que debió haber algún otro involucrado de alto nivel como para utilizar el recurso del artículo 8 de la Ley de Régimen Penitenciario, ya que presumiblemente no hubo orden de juez para su traslado.

En todo caso, este es solo un ejemplo del monstruoso nivel de degradación de un sistema cuyas normas deberían estar grabadas en piedra y ser respetadas de manera irrestricta, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como para hacer del castigo una herramienta de rehabilitación efectiva para los privados de libertad. Los ejemplos de extorsiones, amenazas y otros delitos adentro de las prisiones son ampliamente conocidos por la ciudadanía, pero también son ampliamente tolerados por las autoridades.

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