De nuevo se ofrece una redefinición de la relación entre EE. UU. con nuestro país. Esta vez afecta también a Honduras y El Salvador, cuyo principal reto consiste en establecer oficinas semejantes a la Cicig. Se apuesta por establecer relaciones constructivas entre la potencia norteamericana y los centroamericanos.

La autorización por el Senado develó la gazmoñería que caracteriza a la retórica política estadounidense. Para ejecutar el 50% de la ayuda financiera, se pide perseguir a los funcionarios corruptos, mejorar transparencia e independencia judicial, combatir el narcotráfico y crimen organizado, reducir la pobreza y resolver disputas comerciales. Es francamente iluso creer que con US$138 millones se resolverán asuntos con raíces profundas e intereses perversos que atenazan al régimen político del país. La grandilocuencia no ayuda cuando se trata de buscar eficiencia en programas concretos. Antes bien, es un llamado a que interfieran charlatanes y se complique la ejecución.

Por lo tanto, debe estar claro el ámbito de aplicación de esos millones: a. para Cicig, US$7.5; b. a PNC, unidad de delitos sexuales, US$3; y c. ayuda al desarrollo, US$112. De esa cuenta, las pretensiones de solución de asuntos que agobian al régimen político con ese financiamiento, no son congruentes. Así como otras declaraciones políticas relativas a la protección de los derechos humanos.

Fuera de sobredimensionar a la denominada “alianza para la prosperidad”, esta dotación contiene una manzana de la discordia: constituir una agencia local de desarrollo, dotada con facultad para colocar fondos en los proyectos aprobados. Esa oficina obliga al futuro presidente Morales a designar a uno o varios superministros para que ejecuten ese fondo.

Una entidad pública, autónoma, que sea la encargada de darle coherencia a esa transferencia monetaria es una buena idea. Puede evitar que el financiamiento se gaste en escribir planes que solo llenen de papel varios archivos, sin que los beneficiarios obtengan nada en concreto. Eso sucedió con gran parte del financiamiento derivado de los Acuerdos de Paz. Además, la supervisión norteamericana controlará la corrupción local. No obstante, siempre existirá el peligro de que los superconsultores extranjeros, con grandes salarios, se lleven el peculio transferido sin huella alguna local. El otro riesgo consiste en que algunos consultores se crean procónsules con mando más allá del emperador. Estos personajes suelen ser expelidos de la metrópoli por excéntricos. Por lo tanto, todo puede echarse a perder por experimentos peculiares.

Además, habrá de aprobarse una legislación y procedimientos administrativos para poder ejecutar el dinero. Rogar, amenazar, manipular, explicar y hacerse el tonto serán las primeras características de los responsables locales de la “prosperidad”. Sin ejecutar nada, quizás los primeros resulten los últimos, como corresponde a los criterios evangélicos. Y, los más vivos sean los que capitalicen el prestigio de gastar fondos que se espera ayuden a fundar emprendimientos que saquen de la pobreza a muchas regiones del país.

El próximo gobierno, que se acompaña con un achicamiento de los ingresos fiscales, tendrá un desafío importante en iniciar la ejecución de la nueva alianza. Fuera de los peligros y circunstancias azarosas apuntadas, es previsible que una buena ejecución reforzará las buenas relaciones con la potencia, mientras una mala solo servirá para que los reproches del siglo pasado se reediten de nuevo. Ojalá se consiga que nadie abandone su hogar por falta de oportunidades.