“DADME AL JUEZ QUE QUERÁIS; parcial, venal, incluso mi enemigo; poco me importa con tal de que nada pueda hacer si no es de cara al público”, escribió Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, filósofo, ensayista, político, periodista, y uno de los más impresionantes oradores de Francia, cuya muerte en 1791 causó hondo pesar no solo en su país sino en todos los sectores ilustrados de la Europa de aquellos tiempos.

Lo importante de la frase entrecomillada que encabeza este comentario, es la devoción del autor —más de una vez estuvo preso por ser político rebelde con causa— por las audiencias públicas en los procesos judiciales. Mejor si el juez resuelve bajo la mirada de muchas personas, nacionales y extranjeras, y no escondido detrás de las cortinas de la arbitrariedad, de la inmoralidad y del sometimiento a intereses ajenos a la función específica e independiente de los tribunales de justicia.

Estos días en Guatemala hay un renacer de la dignidad judicial, floreciente en sentencias, apegadas estrictamente a la ley, que están haciendo historia de la buena; pronunciadas frente a un público del cual han formado parte embajadores de países amigos y de organizaciones internacionales de las que Guatemala es parte.

Después de los treinta y seis años de oprobio oficial, que debieron terminar en 1996, nuestro país puede ser mejor, si todos nos empeñamos en lograr la plena vigencia de los derechos humanos, dentro de un orden constitucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedamos con total apego al Derecho, como lo dispone nuestro texto constitucional. Y ese es el objeto de algunos nuestros procesos penales que concitan el interés del mundo. En ellos se discute y se dirime, a la luz del Derecho, si ha hecho bien o si ha hecho mal un agente del Estado al detener ilegalmente a una persona, mantenerla cautiva, torturarla, ultrajarla y después asesinarla.

Para que los derechos humanos sean materia viva y no solo literatura política, los tribunales de justicia deben ser independientes, únicamente supeditados a la ley, facultados para disponer, entre otras cosas, de cómo y dónde deben ser las audiencias públicas.

Ahora bien, si la Administración de justicia es internacionalmente señalada de no cumplir a cabalidad su papel constitucional y fomentar la impunidad, nada mejor que los embajadores presencien los debates y vean muy de cerca que eso está cambiando.

La publicidad de los procesos judiciales es una enorme conquista del Derecho, en todos los países donde ha sido incorporada a la urdimbre de los textos legales mayores: la Constitución, las leyes constitucionales y los que provienen de la recepción del Derecho internacional en el Derecho interno. Y copio a propósito una parte muy pequeña de un texto proveniente del país europeo del cual Guatemala ha heredado parte de su legislación.

El Tribunal Constitucional de España ha expresado reiteradamente que “el principio de publicidad tiene una doble finalidad: por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y por otro, mantener la confianza de la comunidad en los tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho”.

Luego, repito, si una de las más acres críticas contra la impunidad en Guatemala proviene de países americanos y europeos, que señalan como una de las causas las debilidades en la administración de justicia, ¿no es la mejor respuesta que los tribunales de justicia guatemaltecos exhiban su objetividad, su sapiencia y su apego a la ley, actuando de cara al público nacional y extranjero?

Los embajadores son los ojos y oídos de la comunidad internacional, integrada por cerca de doscientas naciones. Su presencia entre el público debe ser estimada en alto grado, porque el secreto de los juicios puede ser una de las cuevas de la corrupción.

El Organismo Judicial no debe retroceder ni un ápice en la publicidad de los procesos.