Resulta increíble que en un país como este, en el que 6 de cada 10 personas viven en situación de pobreza y 5 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica, las campañas políticas tengan un techo de más de 50 millones de quetzales.

No hay ninguna otra explicación para semejante “inversión” que la certeza de que el dinero será devuelto y con creces, a través de “negocios” desde los ministerios y el Congreso. Al final de cuentas la motivación principal de la mayoría de “políticos” tiene que ver con lo económico, y es por eso que las curules en las primeras casillas de los listados de elección tienen un precio millonario.

Y los financistas de los partidos tienen también un único interés: cobrarse las aportaciones a través de jugosos contratos, proyectos y licitaciones. ¿Qué otra explicación habría para que una minera dedicada a extraer níquel le pague un viaje a Rusia —con todos los gastos incluidos— a tres diputados del partido que va punteando en las encuestas? ¿O para que un empresario azucarero y dueño de un complejo comercial decida ser candidato a la vicepresidencia por un partido ideológicamente contrario y financie desde la publicidad hasta los helicópteros que utiliza el binomio? ¿O para que un empresario farmacéutico ponga un poquito en cada canasto?

El colmo es que a pesar del altísimo techo de campaña, los partidos y sus caudillos osen sobrepasarlo sin miramientos, recibiendo dinero en efectivo —que no se contabiliza—, aportaciones en especie y realizando acuerdos con el dueño de la televisión abierta y otras empresas de comunicación, en el entendido de que se mantendrán las concesiones y los pagos de publicidad durante el gobierno. Ojo además con la concesión de las bandas para la televisión digital y el servicio 4G de las empresas de telefonía móvil.

En esas condiciones resulta prácticamente imposible que agrupaciones políticas sin capacidad económica puedan competir y tener alguna posibilidad real de alcanzar una nutrida bancada en el Congreso, que haga contrapeso a los partidos-empresa y a los partidos-con dueño. Sin entrar a considerar a los candidatos-mafia que copan espacios en los listados y hasta fundan su propio partido.

A grandes rasgos estas son las causas por las que los diputados —con sus mínimas pero honrosas excepciones— se niegan a votar reformas a la ley electoral y de partidos políticos que cambien en realidad las reglas del juego. ¿Para qué modificar un sistema que tantos beneficios les ha traído y les ha sacado del anonimato financiero?

La orden que dio el TSE al partido Líder de suspender la campaña política por haber superado el monto permitido por la ley, ya fue apelada y se desprende de sus declaraciones que van a utilizar cuanto recurso tengan a su alcance para llegar al 6 de septiembre sin obedecer y sin que haya una decisión inapelable. Triste presagio de lo que sería su gobierno respecto del respeto a la ley.

Pero la desobediencia y la altanería no es exclusividad de ese partido, la gran mayoría se maneja más o menos igual. Está en el TSE y las instancias judiciales la contundencia en aplicar la ley que ponga de una vez las cosas en su lugar.