La manera despectiva en la que algunos columnistas se refieren a los pobladores —indígenas o mestizos— que se oponen a los proyectos extractivos o hidroeléctricos, llamándolos “bochincheros”, “terroristas”, “criminales” o “ignorantes”, explica lo que hay detrás de la persecución que se está dando en su contra. Esta concepción de los grupos de poder en Guatemala, que no es de ahora sino de siempre, considera a los campesinos y a los indígenas una especie de seres que no están llamados a pensar sino a obedecer, que deben aceptar como buenas las ocurrencias de sus “patrones”, limitarse a pasar la vida en las condiciones que esta les tiene deparada —pobreza y exclusión— y nunca alzar la voz ni levantar la cabeza.

Guatemala es para algunos una finca con una extensión de un poco más de 108 mil kilómetros cuadrados, en donde no hay lugar para el disenso. Históricamente las élites han decidido un modelo económico y este se ha impuesto a sangre y fuego. No importa que hayan pasado siglos, la concepción feudal sigue imperando en este país, y el sistema sigue operando a favor de los intereses de un grupo minoritario. El discurso es solamente uno de los elementos de la estrategia de dominación e imposición. Criminalizar a quienes disienten es el camino más sencillo para quitárselos de encima. Una vez se haya impuesto la idea —repetida cientos de veces— de que quienes protestan son terroristas, criminales y no actúan por voluntad propia sino que son manipulados, se facilita su persecución. El objetivo es restarles credibilidad, colocarlos en el imaginario social como creadores del problema y generar una corriente de apoyo a favor de “quitarlos del medio”.

La utilización del sistema de justicia, en el que se retuerce la ley para encarcelar opositores no es nueva. Lo que estamos viendo es una readecuación de las prácticas del pasado. Esta vez la ofensiva es contra líderes y pobladores en las comunidades donde pretenden imponerse los proyectos mineros o hidroeléctricos. Además de la militarización como estrategia de seguridad y la imposición de estados de Excepción —ver el reportaje: Una red cuasi militar para proteger la mina Escobal, del investigador Luis Solano, publicado en Plaza Pública— nos enfrentamos a una permanente campaña pública de desprestigio en contra de los movimientos de resistencia y de los defensores de derechos humanos.

A fuerza de reportajes, columnas de opinión, programas de radio y televisión se ha ido forjando la idea de que quienes defienden su territorio y sus recursos naturales representan un peligro para el desarrollo y la seguridad del país. Lo más grave del asunto es cuando las autoridades de las instituciones del Estado responden a este discurso y actúan bajo esta lógica.

Pareciera que la premisa de “defender a los inversionistas” pasa por el incumplimiento a leyes y convenios internacionales, por la utilización de la fuerza pública en defensa de los intereses económicos de las empresas, por la aprobación de leyes que reducen impuestos y salarios para dizque generar incentivos económicos y por la utilización de la justicia penal como estrategia de persecución y represión.