El viernes de Dolores se dio a conocer que el ministro de Salud hizo entrega al vicepresidente del documento oficial que contiene la Reforma del sector salud. Por la fecha, la noticia no tuvo mayor difusión. Es más, el documento oficial aún no está colgado en la página web del Ministerio, ni tampoco en el de la Vicepresidencia, como correspondería para que haya opción de que sea libre y ampliamente consultado por la ciudadanía.

La importancia del tema para el país obliga a sacar dicho acto público del rincón del olvido. Una reforma sectorial es una decisión política de altísima envergadura y, por consiguiente, debe ser sujeta a debate público. Contar con un marco de acuerdos sociales que dé sentido de país y legitimidad a las intervenciones que propone hacer el Gobierno es fundamental para no repetir los errores del pasado. Hace 20 años fue la última reforma sectorial de salud en Guatemala y la misma fue producto de una discusión bastante cerrada donde el gobierno de turno, los organismos financieros internacionales y otras agencias de cooperación tuvieron amplia participación e injerencia, no así la ciudadanía. Es más, los expertos nacionales que proponían rutas alternativas para realizar dicha reforma fueron marginados de la discusión, imponiéndose no solo una visión poco democrática de lo que había que hacer en el país con el sistema público de salud, sino, sobre todo, porque se impulsó una política de Estado que llevó más bien al debilitamiento de la capacidad del Ministerio para ejercer las funciones constitucionales que le competen.

Los resultados saltan a la vista y no son solo atribuibles a la exacerbación de la corrupción como algunos argumentan, y con lo cual pretenden excusar el fracaso de esta política pública: El abandono total del Ministerio de Salud; un presupuesto público ministerial que no creció en términos reales en 20 años; incrementos sin control de los costos de atención y la expansión del gasto privado, asumido directamente por las familias como única forma de acceder a servicios, muchas familias de clase media al borde de la quiebra. Es más, ni siquiera el programa insignia de la reforma de los noventa —el Programa de Extensión de Cobertura— tiene registros fidedignos de cuál fue la cobertura real que llegó a tener. En estos 20 años no se hizo una sola medición de cobertura en salud por medio de Encuestas de Hogar. Solo se cuenta con estimaciones hechas a través del número de convenios firmados por el MSPAS con las ONG que prestaban dichos servicios. Cada contrato firmado presumía cobertura para 10 mil habitantes. Si se firmaban 300 contratos por año, se asumía que unos tres millones de personas quedaban “cubiertas” y con “acceso a servicios”. Este es otro un buen ejemplo del nivel de precariedad con la que se ha conducido al MSPAS todo este tiempo.

El gobierno actual tiene la oportunidad de no cometer los errores del pasado. La reforma del MSPAS es ya un tema ineludible. En eso hay consenso casi total. Pero, ¿qué es lo que concretamente proponen hacer? Basta de interpretar el interés y derecho ciudadano a saber, comentar, cuestionar y proponer como una amenaza. Así no se construye país. ¿Si se es capaz de proponer una consulta popular para hablar de la pena de muerte, por qué no discutimos y acordamos cómo enfrentar más exitosamente nuestro derecho a la salud y la vida? Eso no impide que a la par, el Gobierno tome las medidas de corto plazo que sean necesarias para abastecer la red de servicios y reducir desenlaces terribles como el de ayer, cuando muere un bebé por deshidratación en plena Ciudad de Guatemala.

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