La movilización ciudadana permitió, además de la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y de otros funcionarios del círculo cercano de Otto Pérez Molina, la apertura de un espacio para el impulso de reformas a leyes clave para el país. A la exigencia de #RenunciaYa le siguió la de #JusticiaYa y #ReformaYa, en un todo integral que supondría el camino para dar cara vuelta a la actual situación de cooptación de las instituciones del Estado.

Una exigencia no anula la otra, la complementa. Por eso se mantiene el pedido de renuncia del presidente y de los miembros de su gobierno que estén involucrados en actos de corrupción, la investigación y persecución penal por los delitos cometidos, y la aplicación de la ley de extinción de dominio por los bienes mal habidos. Pero también es imperante el saneamiento del sistema de justicia y de los mal llamados partidos políticos (porque en Guatemala no son más que vehículos electorales) que han sido cooptados por las mafias y los financistas y han establecido un sistema clientelar en la designación de candidaturas, que nos ha llevado a la crisis de representación en la que estamos inmersos.

Ante la inminencia del proceso electoral, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es la que se perfila como la más inmediata. Los colectivos de mujeres y otras organizaciones y personas en lo individual lo han expresado claramente: “En estas condiciones, no queremos elecciones”, haciendo un llamado a una reforma política que cambie el tablero de juego en el corto y en el mediano plazo, y elimine los vicios del sistema.

La reforma no puede ser, como pretenden los diputados, una reforma de mínimos, tiene que ir al corazón de los problemas y extirparlos. Claro está que los políticos por sí solos no van a aprobar nada que vaya contra sus intereses, y que será la fuerza de la gente en la calle y la unidad en las propuestas la que consiga que la ley se reforme para transformar el sistema y no para maquillarlo.

Los elementos centrales de la reforma al sistema político-electoral pasan por recortar el financiamiento privado drásticamente y dotar al Tribunal Supremo Electoral de suficiente fuerza para fiscalizarlo; por establecer un régimen de distribución de tiempos y espacios en los medios que permita equidad de condiciones para los competidores y que anule la influencia que hasta ahora tiene sobre los políticos y sus decisiones el monopolio de la televisión abierta; por hacer vinculante el voto nulo y eliminar la reelección consecutiva de diputados y alcaldes; y abrir otros espacios para la participación política, con la creación de comités cívicos distritales que puedan presentar candidatos a diputados.

La igualdad en la participación y representación para las mujeres y los pueblos indígenas es otro de los temas irrenunciables y también lo es la regulación de las asambleas de los partidos políticos, con un quórum mínimo de las dos terceras partes de su organización municipal en la toma decisiones. De aquí para arriba.

Los políticos tienen que entender que los cambios son de fondo y que ya no tienen la sartén por el mango, aquí manda el pueblo y sus “representantes” tienen que obedecerlo.