Los criterios para que los partidos políticos definan a sus candidatos a elección popular pareciera una situación de retórica, pues estos aspectos aparecen claramente estipulados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en los artículos 25 y 26, donde en el primero se establece que la Asamblea Nacional es el órgano de mayor jerarquía del partido, y esta debe ser integrada por dos delegados de cada municipio donde se tenga organización partidaria vigente; y el siguiente hace mención de las atribuciones de la Asamblea Nacional, destacando que sus integrantes son los responsables de elegir y proclamar a los candidatos del partido a cargos de Presidencia, Vicepresidencia, diputaciones y alcaldías.

Nada debería distar de estas disposiciones legales, puesto que los partidos políticos al momento de su conformación aceptan la legislación vigente; sin embargo, uno de los problemas más recurrentes es que como sociedad estamos dispuestos a violar la ley y permitir que otros lo hagan. Definitivamente, uno de los retos más importantes en materia electoral es la representatividad, y de acuerdo con la estructura organizativa, la misma debe contar con órganos nacionales, departamentales y municipales, buscando de esta manera tener un contacto permanente e institucional con sus afiliados y que sean las bases quienes promocionen a sus representantes.

Es por ello que no debemos pasar por alto algunas de las obligaciones que los partidos políticos adquieren, que tienen como esencia la promoción de los valores democráticos y de respeto a la ley, entre las que resaltan: desarrollar actividades de formación ideológica, propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos del país en la política nacional, fomentar la educación y formación cívico-democrática, entre otros, y son estas acciones constantes las que convierten a una máquina partidaria en una institución política capaz, en donde sus bases organizativas respaldan la selección de sus representantes a optar a diferentes cargos de elección popular.

*Co-directora ejecutiva Red Nacional por la Integridad.