Como un estudioso de la historia del conflicto armado a través de mis trabajos humanitarios e investigaciones académicas en las zonas de conflicto, especialmente en la región ixil, he podido detectar dos grandes hechos o realidades relacionados con las víctimas del conflicto armado: primero, el grupo conformado por civiles que fueron afectados por la violencia, por estar en medio de dos fuegos. Hablo de familias que no estaban involucradas en el conflicto armado. En el fragor del conflicto, decenas de miles de familias como estas decidieron huir a las montañas para no estar en medio del fuego. Fueron estas familias las primeras que al oír de la amnistía decretada por Ríos Montt y de los campos de refugiados, llegaron al campamento Ach Tumbal, en Nebaj, buscando asilo y ayuda humanitaria. Yo estuve activamente trabajando en ese campamento durante varios años, por lo cual mi testimonio es producto de vivencias y testimonios personales, no de terceros.

El segundo es el grupo de campesinos que la guerrilla reclutó, entrenó, armó e integró como combatientes al Ejército Guerrillero de los Pobres y a las Fuerzas Armas Rebeldes. Había también familias que simpatizaban con la guerrilla, pero no eran combatientes activos. En muchos casos aportaban alimentos y refugiaban a los soldados combatientes.

Por conveniencias ideológicas y económicas, los grupos de derechos humanos que actualmente propugnan por llevar a juicio a los militares, 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, han tratado por todos los medios de “invisibilizar” a los combatientes indígenas pertenecientes al Ejercito Guerrillero de los Pobres. La estrategia sirve para “desmilitarizar” los cementerios en donde han encontrado los restos de las víctimas de la guerra, vistiendo “todos” los restos como de civiles indefensos únicamente. Cuando es un hecho comprobado que esta fue una guerra asimétrica, de tácticas guerrilleras, con enfrentamientos entre dos bandos y bajas sufridas en ambos lados. Esto explica las señales de violencia en los cadáveres que se han encontrado.

El tercer factor que está empujando este movimiento es el incentivo perverso generado por los “resarcimientos económicos”, tanto para las supuestas víctimas como para las oenegés que las promueven. Cabe preguntarse si habría tanto interés por conseguir las condenas si no estuviese pegada a la teta del entrelineado legal el “resarcimiento económico”, el cual se ha calculado en no menos de Q200 millones.

Por ultimo, hay que abordar el tema de la dignificación de las víctimas, pero con un criterio de inclusión para todos. Un embajador muerto de un tiro en la cabeza; un periodista abatido a tiros, un empresario asesinado de un balazo; un soldado destrozado por una bomba, todos tienen derecho al mismo volumen político de petición humanística de dignificación. Lamentable es, sin embargo, que la estrategia se esté yendo por la tangente politiquera buscando recompensas dinerarias y revanchas ideológicas.

Se ha distorsionado mediante campañas de desinformación el papel que jugó el Ejército en el conflicto armado. Yo estuve presente y soy testigo de los actos humanitarios que el Ejército, en forma sistemática, llevó a cabo antes y después de Ríos Montt. No tomar en cuenta la cuidadosa redacción para proteger a la población civil delineada en la estrategia bélica del Plan Victoria 82 comprueba sesgo y mala voluntad de parte de los que pretenden erigirse en jueces del conflicto armado.

Ese documento fue la hoja de ruta que siguió el Ejército y debe considerarse la política oficial del Ejército. Lamentable también que se haya perdido la verdadera memoria histórica, debido al incentivo perverso de los resarcimientos borrando de tajo la verdad y subiendo a la superficie los testimonios interesados en quedar bien con el pagador.

No puede haber paz si continuamos la guerra.