y cinco ediciones extraordinarias. El Imparcial fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en febrero de 1990. b) la Colección de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los EE. UU. sobre Política Nacional, que contiene información del derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán y del proceso de la contrarrevolución guatemalteca hasta el surgimiento de la guerrilla, en 1962. c) el archivo personal de Juan José Arévalo Bermejo (1900/1990), con 24,494 documentos y 6,445 fotografías. d) el archivo personal de Jacobo Árbenz Guzmán (1930/1990), con 5,064 documentos digitales y 1,334 fotografías digitales. e) el archivo personal de Mario Payeras y Yolanda Colom, que abarca el Fondo de la Historia de Guatemala —Revoluciones Guatemaltecas 1920 y 1944, conflicto armado, genocidio, represión estatal, terrorismo, iglesia y testimonios—. Y otras colecciones como la de la Coordinadora Alemana de Solidaridad con Guatemala y la colección oral de Félix Alexander Kupprat sobre la Historia de la Comunidad de Río Negro.

La fototeca contiene: el álbum de la Contrarrevolución, con 32 fotografías; el archivo del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) (1978-1990), con 473 fotografías, dos mil 702 diapositivas y 1,593 negativos; el archivo de la Asociación Población Desarraigada por el Conflicto Armado Interno (1996-2003), con 843 fotografías y 314 negativos; 500 mil fotos del diario El Gráfico, el archivo de Minugua, la colección Nuestra Cultura es Nuestra Resistencia, con fotografías sobre la población desarraigada por la guerra civil; la colección de la familia Taracena Flores (1900-1920), sobre el período de Manuel Estrada Cabrera, y el archivo del Comité Holandés de Solidaridad con Guatemala (1954-1990), que, entre otros temas, muestra la represión sufrida en la década de los 70/80, el accionar de las fuerzas del Estado como la G2 y la PN, la quema de la Embajada de España y las comunidades de población en resistencia.

Lo anterior no deja lugar a dudas sobre la importancia que tiene para Guatemala la conservación de estos documentos, que constituyen un patrimonio nacional y no pueden ser vistos como acervos de una entidad privada que puede hacer con ellos lo que quiere.

Se trata de resguardar y proteger nuestra historia, nuestra memoria. Se trata de garantizar que sigan estando accesibles para la investigación social, la búsqueda de justicia, la comprensión del pasado y la formación humana y profesional de las nuevas generaciones. Las explicaciones sobran, queremos hechos concretos que nos demuestren que no se trata de una maniobra para enterrar el pasado y/o convertir la historia en mercancía.