Amén de la rosca más dura de la partidocracia guatemalteca actual (más sus familiares, patrocinadores y compadres), hay un consenso social amplio alrededor de algunas cosas: no queremos más corrupción, queremos nuevas reglas del juego político, queremos independencia judicial, queremos un gobierno legítimo, y no queremos elecciones en estas condiciones. No es poco.

Frente a este laberinto jurídico que nos pone contra la pared cada vez que perfilamos una posible salida a tantos desafíos, lo que nos queda ya no es hablar de legalidad, sino de legitimidad, porque los abogados andan tan confundidos como el resto de nosotros, o peor. Queremos recuperar la democracia secuestrada, así que ojalá no nos suceda que por defender algunos meses más un orden constitucional de mentiras, terminemos votando en contra de nosotros mismos y de la Constitución que decimos salvaguardar.

Estamos muy confundidos en los “cómos” pero muy claros en los “qués” y los “porqués”. Todos sabemos el costo social que tiene la corrupción en Guatemala; sabemos que las Cortes están en manos de los partidos políticos con mayor influencia; todos sabemos dónde están los corruptos y sus corruptores; sabemos cómo funcionan las mafias estatales y privadas y cómo se lava el dinero en Guatemala. Justo de estos matrimonios bien avenidos habla el informe de la Cicig. De allí que la propuesta sea un gobierno de unidad nacional, un gobierno transitorio de renovación nacional, con el fin de evitar que lleguemos al 6 de septiembre a respaldar con nuestro voto un fraude electoral que nos dejaría en manos del conocido orden corrupto de siempre.

Imaginemos que se atrasan las elecciones, que sale Pérez Molina de la presidencia y sube en su lugar Maldonado Aguirre, que se propone una terna de honorables desde la sociedad al Congreso (que tendría encima los ojos de mucha gente) para elegir a quien debería ocupar la vicepresidencia. Imaginemos que con ello ganamos más apoyo para el trabajo del Ministerio Público y la Cicig, que conseguimos una mayor independencia judicial y evitamos más casos de justicia tardía y clientelar. Además, con un nuevo gabinete de transición, el presupuesto 2016 podría ser planteado y analizado de otra manera, sujeto a la rendición de cuentas.

O es esto o nos convertimos en cómplices del fraude electoral que se avecina o no hacemos nada y nos seguimos quejando por el resto de nuestras vidas (¡qué aburrido!). Buscamos establecer un nuevo marco para encarrilar a Guatemala con base en un sistema judicial progresivamente más fuerte y con finanzas públicas crecientemente transparentes. Allí estarían los pilares para que el gobierno que asuma el poder el 14 de enero de 2016, estuviera sujeto a mayores controles y tuviera más motivos para trabajar sobre la base de una democracia participativa, que no es más que aquella que se funda en el respeto a los intereses y necesidades de la mayoría. Estamos asistiendo a un momento muy difícil de nuestra vida como país. Pero con todo y lo difícil, es nuestro y nos toca actuar.

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