La clave de la discusión, analizada desde diversos ángulos por destacados economistas —y filósofos— como Hazlitt, Friedman o Misses, estriba en cómo determinar esa cantidad mínima. El referente es el precio de la “canasta básica”, productos “necesarios” incluidos en un hipotético lote para una “alimentación adecuada” (?), sin advertir que no todas las personas los adquieren por igual y gastan su dinero según prioridades o necesidades que únicamente ellas conocen.

Cálculos forzados de amantes de la ingeniería social o soberbia del economista, advertida suficientemente por Misses. Pretenden arrogantemente reducir todo a previsiones o números, conformando escenarios que ignoran información y, sobre todo, la voluntad de las personas de qué hacer con su dinero en cada momento. Sin embargo, en muchos países, un gobierno tras otro cae por ignorancia, conformismo o rentabilidad política, en la ridiculez de fijar el salario mínimo ¡Eso sí, con sonadas discusiones y mediático consenso social!

En Guatemala, para 2015, se han fijado tres salarios mínimos: agrícola/no agrícola, maquila e industria ligera ¿Acaso unos trabajadores adquieren la famosa canasta básica más barata que otros? Quienes proponen y defienden esa medida muestran la incoherencia argumentativa al admitir tres montos diferentes. Si fuese realmente mínimo debería ser único y no hacer distinciones, ¿por qué no aceptan únicamente el menor de ellos?

Tanto el salario de maquilas como el de industria ligera (cuatro municipios en los que se quiere incentivar el desarrollo) son más bajos porque entienden perfectamente que para promover inversión y desarrollo el salario debe ajustarse a la realidad del lugar y no forzarlo a otro nivel que expulsa del mercado a muchos trabajadores. Cualquier gobierno (socialistas y populistas  incluidos) cuando desea alentar inversiones en un determinado territorio —zona franca o puerto libre— reduce impuestos o liberaliza la contratación y el salario, porque son precisamente medidas necesarias —aunque no suficientes— para prosperar y no la práctica opuesta de imponer condiciones contractuales.

El deber del administrador público es velar por la justicia e impedir monopolios/oligopolios artificiales o grupos de presión dominantes que desvirtúen algo tan simple como es la relación libre entre empleador y empleado. Entendido lo anterior —no se requiere de mucha ciencia, aunque sí de honestidad intelectual y básicas lecturas— hablar de pactos sindicales, acuerdos empresarios-gobierno y cuestiones similares, es camuflar una realidad suficientemente razonada y hacerle el juego a grupos de manipuladores, enredándose en discusiones que son realmente pulsos entre colectivos de interés.

En 2015  se incrementará posiblemente el desempleo y/o subirán los precios —como siempre ha sucedido—, y dentro de un año los mismos volverán a “discutir y negociar” sobre lo mismo. Validan aquello de Gross de que “la complejidad es el primer refugio del sinvergüenza”. ¡Genial!

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