Sin embargo, los problemas que vemos en la actualidad con el sistema de salud, con la educación, las sequías, el hambre, la desnutrición, el desempleo, la falta de oportunidades económicas, por citar algunas de las que más están perjudicando a la población,  tienen una génesis mucho más antigua y más compleja que la que últimamente se deja ver.

Concentrar la atención de la opinión pública en el déficit agudo de recursos financieros por el que atraviesa el Estado es útil para argumentar a favor de la aprobación de los bonos del tesoro, de los préstamos o inclusive, para que se avale el presupuesto 2015. Le venden a la gente la idea simple de que el problema se reduce a la falta de dinero y por consiguiente, la solución estriba en que este fluya nuevamente a las instituciones.

Sin embargo, los recursos financieros son una condición necesaria e imprescindible, más no suficiente para que se logre un impacto cualitativamente distinto, que se traduzca en mayor bienestar para la población.

Se requiere volver rápidamente a la mesa de diseño y contestarnos la pregunta de ¿para qué se quiere tener un sistema público de salud en el siglo XXI? Ya se agotó el diseño que ha estado vigente desde 1997 -un sector público para atender solo a los marginados, mientras los demás se abastecen como pueden en el sector privado a costos inmanejables-. Podemos contestar ¿qué necesitamos ahora y para los próximos 20 años, con la complejidad de problemas de salud que tenemos ahora, y podemos ponernos de acuerdo en cómo lo financiamos? Necesitamos la universalización de los servicios públicos de salud en un contexto de acceso equitativo a los mismos.

Ciertamente, un primer paso para ello es liberar al MSPAS y al IGSS de las garras de la corrupción y del tráfico de influencias. Pero a la par, se necesita visualizar el sistema de salud que necesitamos a futuro. Romper con la idea de que el sector público es para los pobres o los marginados únicamente; hay que resignificar la noción de lo “público” como aquello que nos presta bienes y servicios a todos, cada quien conforme a su necesidad y no según su capacidad de pago solamente. Teniendo eso claro, el siguiente paso  es replantear el esquema de financiamiento.

Dados los niveles de pobreza y desigualdad imperantes en el país, es ineludible que hay que arrancar por incrementar los recursos fiscales para salud de manera gradual pero constante durante los próximos cinco años, hasta llevarlo como mínimo, al promedio latinoamericano de inversión pública en salud respecto al Producto Interno Bruto. Como estos recursos serán seguramente insuficientes para enfrentar la demanda de atención de toda la población debidamente, el tercer paso tiene que ver con discutir cuáles deberían ser las fuentes complementarias de dicho financiamiento, a las cuales cada quien podría contribuir según su capacidad.