Cuando algunos señalamos que vivimos dentro de un Estado “medio” fallido, nos referimos a la descripción que hace JJ Messner en su obra El Índice de Estados Fallidos: “Aquel Estado que pierde control sobre su territorio; o pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública; o pierde legitimidad para tomar decisiones colectivas; o esté inhabilitado para proveer servicios públicos básicos; o que esté inhabilitado para interactuar, de pleno derecho, con miembros de la comunidad internacional”.

Guatemala no ha descendido totalmente hacia ese país fracasado política, económica y socialmente, pero hacia allá íbamos… Hasta que tuvimos que recurrir a la ayuda extranjera para combatir la corrupción y el deterioro de la administración pública. En la gradación de Estados existen: Estados débiles, Estados en riesgo, Estados colapsados y Estados fallidos. Guatemala es calificada como un “Estado en riesgo”. En la descripción inicial de Estado en riesgo vemos una peligrosa semblanza con nuestro país. No tenemos completo control del territorio. No tenemos completo control del monopolio de la fuerza pública. Las redes criminales han penetrado las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia, el poder Legislativo, y hasta hace unos meses, el Ejecutivo.

Estamos en cierto modo inhabilitados para proveer servicios públicos básicos a un porcentaje importante de la población. A nivel nacional, el transporte público, educación, agua potable, luz, vivienda, salud, son precarios y deficientes. La infraestructura hospitalaria, puertos, aeropuertos y carreteras, también es insuficiente y no está siendo bien administrada. Buena parte de los problemas son administrativamente simples de solucionar, pero políticamente difíciles de ejecutar, debido a los incentivos perversos enquistados en todo el aparato público. Todos quieren mamar de la teta pública: políticos, burócratas, sindicalistas, empleados públicos, empresarios corruptos. Todos han forjado una cultura de dependencia económica que está enraizada en el Estado, desde la secretaria nalgona hasta el diputado vendepatria.

Cualquier intento de eliminarlos de la cadena alimenticia zoopolítica corrupta genera una reacción en cadena que va desde el emplazamiento hasta manifestaciones y tomas de variada naturaleza. En el caso de los servidores públicos de alto rango, políticos y diputados, las reacciones son para evitar que se aprueben las leyes o se autoricen los proyectos que atentan contra sus intereses, aunque sean de evidente necesidad y beneficio público.

Se puede mejorar la administración pública: salud, infraestructura, cárceles, educación, a través de los mecanismos que brinda la “Ley de Alianzas Público Privadas”, la cual permite que la mayoría de los servicios puedan ser ejecutados por terceros, contratados bajo la modalidad de out sourcing; o por medio de concesiones con inversiones multimillonarias sin costo alguno para el Estado y con enorme retorno de beneficios. Pero no se puede… porque brincan todos los bichos vividores señalando con argumentaciones embadurnadas de dialécticas ambiguas que eso es privatizar, y por ende, un debilitamiento de Estado; cuando lo que se persigue es fortalecerlo mediante acciones que eliminan la corrupción, mejoran los servicios en calidad, eficiencia y beneficio de los usuarios.

Se puede abrir una licitación pública no amañada, supervisada por entes calificados para otorgar contratos —bajo especificaciones de calidad y cumplimiento ISO—, la alimentación y el mantenimiento de toda la red hospitalaria. Pero no se puede… porque se oponen los parásitos que viven de las prebendas y los incentivos perversos.

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