Con garrote y zanahoria nos dirigen año con año hacia el matadero fiscal con la misma perorata justificativa para aprobar el Presupuesto General de la Nación. Y como cáncer metastásico, el tumor de la gastadera se torna incontrolable, duplicándose, triplicándose, dentro de ese caldo burocrático sin rendición de cuentas, sin resultados concretos y sin logros tangibles.

El sistema hospitalario oscila entre desastre y colapso total, dependiendo del mal que lo azote, ya sea por las exigencias irracionales de los sindicatos o el desabastecimiento recurrente. La infraestructura vial, especialmente carreteras, está abandonada —y más parecen campos minados para destruir vehículos que vías de comunicación estratégicas—. Hay cráteres por doquier, la señalización es nula, los accidentes proliferan. Y sin embargo, Q4.60 de cada galón de gasolina súper que pagamos es redirigido hacia el fondo negro del Estado, en vez de ser utilizado por Covial para el mantenimiento de las carreteras como lo ordena el decreto que creó el impuesto.

Hace poco se les ocurrió proponer un proyecto de reforma tributaria que entre sus “genialidades” pretendía subirle Q3 al galón de gasolina y Q5 al saco de cemento —convirtiéndonos de la noche a la mañana en el país con la carga tributaria sobre el cemento más alta de la región— y la reapertura del contrabando hormiga de gasolina de México, el cual, según el MEM, se estima en 20 millones de galones al mes. (3% de 750 millones de galones del consumo total mensual).

Recientemente la bancada Convergencia introdujo una iniciativa de ley para subir los impuestos a las bebidas alcohólicas y cambiar el destino y uso de los mismos. Otra fumada absurda que segundos después de ser aprobada incrementaría el incentivo económico para contrabandear cervezas y licores.

No hay por dónde perderse. Las estadísticas comprueban que a menor impuesto menos contrabando. Las cifras son contundentes: “Hasta el año 2015 el Estado dejó de percibir alrededor de Q14 mil millones en impuestos. Y según las proyecciones de Asíes, en el 2016 alcanzarán los Q16 mil millones”. En vez de pedir impuestos, el Gobierno debería invertir un pequeño porcentaje de esos 16 mil millones en perseguir ese delito, controlando los 114 cruces informales de contrabando: 54 con México; 29 con El Salvador; 22 con Honduras y ocho con Belice.

La defraudación tributaria y el contrabando generan una competencia desleal que causa pérdida de empleos y hasta quiebra de empresas: el 15% del arroz del mercado nacional; el 23% del aceite vegetal; 36 millones de huevos al mes; 2.5 millones de sacos de cemento en el 2015; 45 millones de libras de azúcar y decenas de miles de cajas de cervezas.

Los déficits fiscales no se cubren con más impuestos y más deudas, sino gastando menos y con mayor eficiencia. Si impidiera el robo, el despilfarro, el contrabando, la ineficiencia y se respetara la libertad de invertir, trabajar, transitar, producir y la propiedad privada, aumentarían los ingresos del Estado.

El próximo Presupuesto General de la Nación no debe endeudarnos más ni debe presupuestar fondos para lo que no puede ni debe hacer.

Con tan solo perseguir el contrabando ya tendría el Gobierno Q16 mil millones. Y si instaura un sistema de subcontratación de servicios por medio de licitaciones certificadas por entidades internacionales que se encarguen de las compras del Estado, mantenimiento de equipo, alimentación en hospitales/prisiones y el leasing de todo el parque vehicular del Estado, el ahorro podría ascender a Q20 mil millones anuales.

Súmese a lo anterior la promoción de las alianzas público privadas para captar inversiones para mega proyectos, especialmente de supercarreteras de peaje e infraestructura estratégica como lo hacen los países desarrollados, y el panorama económico de nuestro país cambiaría dramáticamente.

Hay mucha vela, pero poco viento…

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