Hace poco más de un año estuvimos en las principales plazas para exigir depuración en las instituciones del Estado. La corrupción había saqueado al país, pero sobre todo había quedado al descubierto y el rechazo fue espontáneo.

La oportunidad de construir un nuevo país estaba en un combate frontal contra el peor enemigo de la democracia y la república. Algunos miembros del gobierno se habían robado hasta la sombra de los bienes estatales, aparecían testigos que relataban lo sucedido y otros que además fueron funcionarios o colaboradores del desfalco iniciaban su confesión.

“Revolución de colores”, “movimiento light”, etc., fueron algunos nombres que el movimiento recibió por quienes creen que solo a sangre y dolor un país puede cambiar. Sin violencia los guatemaltecos pudimos en el 2015 ejercer una legítima presión ciudadana sobre un gobierno que había sido electo por el voto popular y que contó, por lo menos por más de tres años, con un amplio apoyo del sector urbano y de buena parte del poder económico, académico y social.

Instituciones como la Contraloría General de Cuentas quedaron al desnudo al evidenciar que persiguen ratones pero les fascina soltar elefantes. Con procedimientos engorrosos, opacos y abusivos esa institución es, sin temor a equivocarnos, la que más debe reinventarse. Es imposible pensar en un combate efectivo contra la corrupción si la Contraloría es irremediablemente discrecional, selectiva e ineficiente.

La Contraloría, conforme nuestro diseño constitucional, es el órgano de control que más puede prevenir la corrupción. Otto Pérez Molina gobernó sin que la Contraloría General de Cuentas moviera un dedo sobre lo que sucedía, y ahora, que es cuando el Ministerio Público persigue delitos, toda la lucha se centra sobre lo que sucedió, pero hay poca confianza de lo que, día a día, puede prevenirse en la administración pública en su conjunto. El solo cumplimiento de las normas legales hace una gestión ineficiente, el entramado de dispersas normas que “controlan” el gasto público es casi imposible de descifrar.

Nuestro proceso democrático, quiérase o no, se vea como se vea, es el más exitoso en toda nuestra vida republicana, y esto no es poca cosa para un país que cuenta por docenas sus caciques y caudillos. Sin embargo, el radicalismo de unos y de otros, sobre todo respecto de la lucha que debe hacerse contra la corrupción y el abuso de poder, ha desnudado grandes y marcadas diferencias sociales. Toda institución pública puede ser criticada y debatida; sin embargo, dedicarse a su boicot es otra cosa.

Como nuestra institucionalidad judicial es precaria, existen quienes siempre añoran dictadores y ya se escuchan los llamados para un “salvador” o “salvadora” que garantice “el orden público” y un clima más “provechoso para la economía y el desarrollo social”. Debemos ser muy cuidadosos porque el área se contaminó, en Nicaragua cuentan con su dictador de “izquierda” y Honduras va a ritmo frenético para coronar a su dictador de “derecha”, y lo más complejo, acá se aplauden esas experiencias. Hemos escuchado a “sesudos” analistas afirmar que eso de democracia y república no es para “países como el nuestro” y que acá “se necesita mano dura”, así repiten los mismos discursos dichos cuando Justo Rufino Barrios gobernaba por estos lares.

Pueden existir quienes busquen caudillo o soluciones milagrosas, pero siempre debemos ser más lo que, con las imperfecciones del sistema, defendamos los pocos o muchos pasos que hemos dado, porque las nuevas generaciones merecen una mejor opción para construir, por ellos mismos, un país con instituciones fuertes y en paz y eso es imposible sin cambios radicales en la administración de justicia. Así de fácil.