1. El affaire TCQ atrae la atención mediática y el interés ciudadano. Cada día sorprende algo nuevo, se revela más enlodado y el debate se centra, además de en la corrupción, en cómo anular el contrato. De quedarnos ahí, el avance sería insuficiente.

Cualquiera que sea la decisión respecto del contrato: lesividad, anulación o expropiación, quedarán construidas unas nuevas instalaciones portuarias con capacidad para ofrecer mejores servicios que los actuales. Es ahí donde hay que centrarse o quedarnos anclarnos en el debate de la coyuntura sin avanzar hacia la modernización y la eficiencia. ¿Qué se puede hacer con la infraestructura empresarial instalada? Una vez eliminado el contrato (cualquiera que sea la forma), el Gobierno debería promover un concurso público para concesionar el nuevo servicio portuario, todavía de TCQ, a otra empresa privada. Una licitación abierta en la que puedan participar sociedades interesadas en gestionar las instalaciones y generar una alternativa comercial al modelo existente que es el problema principal: el monopolio en las operaciones de carga y descarga, con implicación sindical, que ha dado lugar a las diferentes “líneas” con las consecuencias conocidas.

Que el Estado opere las nuevas instalaciones es lo peor que puede ocurrir y supondría desaprovechar una oportunidad para confrontar las tradicionales mafias que hacen del sistema lugar de chantaje a importadores y exportadores. Guste escucharlo o no, ciertos gobiernos obligaban a operar dentro de un marco corrupto que exigía mordidas o, de lo contrario, era imposible introducir o sacar productos del país. Cambiar ese procedimiento delincuencial, no la forma de rescisión contractual, es el reto a futuro.

2. Al margen de lo anterior y en otra dirección, se promueven ciertas reformas al sector justicia. Aunque una crisis genera una oportunidad de cambio, el momento cumbre de la misma no es siempre el conveniente para hacer modificaciones, alentadas más por la pasión que por la reflexión.

La propuesta de reformas a la justicia presenta ventajas que habrá que discutir. La desaparición de las comisiones de postulación y la no presencia de las universidades, es algo muy positivo, a pesar de cierta reticencia manifestada por el rector de la Usac, supongo que por pérdida de poder político. El establecimiento de la carrera judicial, el incremento, quizá un tanto desmesurado, del tiempo de permanencia de los jueces en sus puestos y la meritocracia como elemento de ingreso al sistema, aspectos interesantes.

Hay que reflexionar si es mejor fijar una edad (50 años) para acceder a la judicatura o establecer niveles de competencia más estrictos y mayores exigencias profesionales. El poder que seguirá concentrando el Congreso no se reduce sustancialmente, por el contrario se mantiene al contar con la capacidad de designar a cierto número de magistrados. ¿Por qué se huye, una vez superado el nivel de competencia, del sorteo, que es mucho más objetivo? Pareciera que algunos quieren seguir incidiendo, de ahí que el dedo sea necesario para conseguir particulares intereses.

¡Bien por desaforar a los alcaldes!, los futuros candidatos sabrán que no pueden ampararse en la impunidad, aunque ya protestó Edwin Escobar. ¡El poder autoritario de la Anam de por medio! Ya puestos, ¿por qué no suprimir totalmente el antejuicio? Finalmente hay que evaluar el riesgo de cerrar el Poder Judicial únicamente a jueces de carrera y crear un modelo endogámico similar al que se pretende cambiar.

En todo caso, un reto que no permite eludir la responsabilidad de participar.

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