Sabemos que la falta de compromiso político, la inconsistencia conceptual y el desmantelamiento irresponsable de la institucionalidad del Estado para enfrentar las nuevas amenazas crearon situaciones propicias para que experimentáramos un alza en los índices de criminalidad.

De esa cuenta, la creación de una nueva fuerza pública expresada en una Policía Nacional Civil fue un reto imposible de cumplir, la improvisación sustituyó a la institucionalidad y a la contingente urgencia se le dio respuesta inmediatista con el empleo del Ejército.

Contaminar a la PNC con cuadros neófitos e inexpertos en seguridad fue un craso error; incrustar asesores que traían modelos de intervención no institucional lo fue con mayores consecuencias, todo cayó en el marco de las ocurrencias y sus consecuencias fueron nefastas. La ausencia de un concepto claro en estrategias de seguridad minó el sistema, y en ese escenario, la utilización de las fuerzas combinadas —policiales y militares— fue un recurso contingente de cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen.

Con la llegada del presidente Otto Pérez Molina al poder se pudo estructurar un Plan Estratégico de implementación clara que privilegia el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad, pero además da una temporalidad definida a la cooperación interinstitucional para no seguir con entuertos, sino con acciones concretas que permitan a cada institución —Policía y Ejército— cumplir con su misión jurídico política de seguridad y defensa. La formulación es sencilla: aumentar el número de elementos policiales a 35 mil, profesionalizarlos, equiparlos, dotarlos de armamento básico, permitirá liberar al Ejército de tareas de seguridad ciudadana para que retome su papel fundamental: la defensa del territorio.

El apoyo del Ejército sin duda ha sido crucial e invaluable en la lucha contra el crimen organizado, pero esa cooperación ahora tiene una temporalidad definida, pues en la medida en que aumenta la capacidad de la PNC para asumir su papel en la seguridad ciudadana, disminuirá la participación de las fuerzas armadas en este quehacer.

Ese es el compromiso del presidente Pérez Molina: entregar una institucionalidad de seguridad sólida, profesional, moderna y comprometida, enfocada en las acciones inherentes a su naturaleza, misión y funciones.

*Ministro de Gobernación