A propósito de la recaudación de impuestos y la SAT, basta ver las largas colas, los complicados formularios —que solo unos cuantos expertos pueden descifrar plenamente— para entender la razón de pretender contratar a terceros especialistas en recaudación. Con toda seguridad —oh, sabiduría— lo primero que harán es simplificar los procesos y, de paso, ganarse buena plata.

Y sin embargo se pueden hacer cosas simples. Las aduanas podrían triplicar los ingresos si se pagaran los impuestos en los principales puertos de embarque por medio de una verificadora internacional, como se hizo tiempos atrás, hasta que comenzó a derrumbar todo el sistema de contrabando y a quebrar a los principales jerarcas del negocio…

El problema, pues, es que tenemos muchas leyes, y mucho incumplimiento. Ahí están las multas irrisorias que la Contraloría le impone a los sancionados infractores. Son tan bajas que incentivan el negocio. ¿Por qué cumplir si el crimen paga? Ahí están los condenados a muerte sin que se les ejecute a pesar de que la pena de muerte está vigente.

Ahí están los túmulos vivitos y coleando, impidiendo la libre locomoción y duplicando los costos del transporte. Desde que se aprobó la Ley antitúmulos, no se ha quitado uno solo. Ahí están las vallas de los partidos políticos anunciando su desobediencia lero-lero con total impunidad y el Tribunal Supremo Electoral sin atreverse a actuar con autoridad.

Trámites aparte, hay todo un movimiento social que pretende solucionar los problemas de Guatemala con leyes. Como escribió hace algún tiempo el colega columnista Eduardo Mayora Alvarado sobre “El Gobierno de las Leyes: el llamado ‘movimiento social’ nos propone a los guatemaltecos otro modelo que va más o menos así: la Ley vale si refleja los intereses de los sujetos que ese movimiento dice representar —de los cuales, por supuesto, los líderes son el oráculo—, es decir, los campesinos, los obreros, los sin tierra, etcétera. De no ser así, vale la voluntad de esos grupos, expresada mediante consultas comunitarias. Los derechos establecidos por las leyes valen mientras no afecten los intereses de esos grupos, de lo contrario, fuera. El proceso político institucional vale si opera para beneficio de dichos intereses, de lo contrario, lo que vale es la protesta coactiva: bloqueos de carreteras, ocupación de instalaciones privadas o públicas, invasión de fincas de particulares o del Estado, etcétera”.

“Ese modelo —continúa Alvarado Mayora— o cualquier otro que no esté basado en leyes que definen un ámbito de libertad individual impenetrable, conduce al colapso de la sociedad abierta dando paso al colectivismo totalitario que, todos sabemos, supuso pobreza, muerte y desolación en todas partes en donde se experimentó con la arbitrariedad como sustituto de la Ley”.

Ergo: Hasta que podamos ponerles freno a los caballos, desde este carretón, propongo una moratoria de nuevas leyes.

alfredkalt@gmail.com