En el primer aniversario del caso La Línea, el MP y la Cicig develan otra investigación que implica nuevamente a la dupla Pérez Molina-Baldetti Elías e incluye a altos funcionarios gubernamentales entre los que se encuentran los ex secretarios privados de la presidencia y vicepresidencia Gustavo Martínez Luna y Juan Carlos Monzón Rojas; el interventor de la Portuaria Quetzal, Allan Herbert Marroquín Castillo, el subinterventor, varios sindicalistas y altos personeros de la empresa española TCQ que operaría la nueva terminal de contenedores.

El contrato entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal —por 25 años prorrogables— implicaba una inversión de 255 millones de dólares que garantizaría sistemas tecnológicos y de seguridad para la operación de la nueva terminal. Eso es lo que está escrito en el documento, pero lo que develó la investigación es que para concretar la firma se habría negociado un soborno de 30 millones de dólares (unos 240 millones de quetzales) en donde los principales beneficiarios fueron Pérez y Baldetti.

La negociación se realizó cuando la banda de la mano dura hubo ganado el balotaje y los movimientos para concretar el negocio empezaron en las primeras semanas de gobierno con el nombramiento del interventor en Puerto Quetzal. Este caso y el anterior (La Línea), sumados al de Negociantes de la Salud, demuestran cómo el PP no es más que la consumación moderna de un Ciacs (cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad) convertido en partido político que accede al poder para garantizar negocios, enriquecimiento ilícito e impunidad. Un buen ejemplo de la interacción entre institucionalidad y criminalidad.

En esta trama —como en la del Bufete de la Impunidad— aparecen actores del sistema de justicia que facilitan las operaciones criminales; según el MP y la Cicig, este sería el caso del actual magistrado de la CSJ, Douglas Charchal, que habría dictado como juez de Escuintla una resolución favorable a la empresa TCQ que encuadra en el delito de tráfico de influencias. Como en el proceso de Aceros de Guatemala o en el del IGSS, en este caso aparecen también personeros de conglomerados empresariales, esta vez una firma extranjera. La ecuación está clara: políticos corruptos-empresarios emergentes o tradicionales corruptos-militares de la contrainsurgencia-jueces, fiscales abogados corruptos.

El modelo de operaciones de estas redes criminales no es nuevo, se remonta a los años de la guerra, en el marco de la estrategia contrainsurgente a través de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. El control de puntos estratégicos como fronteras y aduanas, para citar solamente dos ejemplos, les permitió iniciar los negocios ilícitos y construir una economía criminal compleja. Por eso no extraña que mandos militares de aquellos años sean ahora los principales señalados como cabecillas de las redes criminales o integrantes de las mismas (OPM, el teniente Jerez, Juan de Dios Rodríguez, Luis Mendizábal, entre otros).

A partir de la firma de la paz, las redes mutaron y se reconfiguraron, pero no desaparecieron. Con la apertura democrática, los Ciacs iniciaron su incursión en la política partidista, colocando a sus cuadros en los listados de diputaciones y alcaldías y/o a través del financiamiento de campaña. Pero está visto que ya no se trata solo de control parcial, sino de organizar un esfuerzo político-partidario como una línea de su accionar criminal.

Ese es precisamente el enorme flagelo que se esconde detrás del actual sistema electoral y de partidos políticos y lo que explica, en buena parte, la corrupción endémica que afrontamos.

@MarielosMonzon