La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad ha generado una serie de opiniones en los medios. La mayoría de ellas dimanan de las derrotadas organizaciones de izquierda que están viendo la manera de enquistarse de algún modo en la más alta de las instituciones relacionadas con la justicia como es la citada corte, creyendo que dominando la Corte dominarán al Ejecutivo por la vía de resoluciones, sentencias y acciones que detengan el accionar del gobernante y de su gabinete, y que las violaciones a la ley que cometen continuamente sus correligionarios no lleguen a ser condenadas en esa última instancia. Ya en el Colegio de Abogados salieron perdiendo, pues ninguno de los que correrán a segunda vuelta son de su trasnochada ideología.

Los agentes mediáticos de la izquierda han lanzado campañas de desprestigio en contra de ciertos candidatos, tal es el caso del Dr. José Luis González Dubón, quien en el año 2007 era representante legal de la Liga Pro Patria.

Por decisión de la Asamblea General Extraordinaria de sus asociados, en el año 2007, después de fallidos intentos por lograr que se consultara la opinión de la Corte de Constitucionalidad, planteó acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Congreso de la República que aprobó el convenio celebrado entre el Gobierno y la ONU, para la creación de la Cicig, señalando que algunas de sus disposiciones podrían colisionar con disposiciones constitucionales expresas, y que tal entidad estaría más fortalecida si no hubiera duda de su apego a las normas constitucionales.

Concretamente señaló que el ejercicio de la acción penal pública correspondía con exclusividad al Fiscal General de la República (Arto. 251), que la función pública es indelegable en otros entes y que no podía ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución (Arto. 154, 3er. párrafo), y que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República (Arto. 153), por lo que no se podía conceder inmunidad judicial total y vitalicia a ninguna persona.

Esto no descalifica en manera alguna al candidato. Por supuesto, esto ha sido utilizado por la izquierda para descalificar al candidato. Por cierto, ayer un medio radial le preguntó al embajador Tod Robinson qué opinaría si el presidente escogiera al Dr. González Dubón, y atinadamente respondió que esa era una decisión del presidente y que se trabajaría con quien él elija.

Por supuesto, entre algunos candidatos afines a la izquierda hay varios que por sus resoluciones jurídicas deberían ser descalificados, algunos con negro historial en su carrera judicial, con sentencias parciales o inacción en caso de afectar a movimientos desestabilizadores que, gracias a jueces y magistrados, siguen actuando con toda impunidad.

Lamentablemente ya se colaron candidatos clientelares vinculados a las mafias y oscuros intereses. Por ello se debe escoger gente definida, con carácter y comprometida con el estado de Derecho.

Al presidente no le debe temblar el pulso al elegir a alguien que va a defender el estado de Derecho y no ande queriendo refundar el Estado por una vía que no sea la eleccionaria, como lo plasmara uno de los más reconocidos semilleros “…Por eso que se avecina es el trabajoso cambio del sistema y la reconstrucción del Estado, junto al forzoso relevo de elites políticas, económicas y sociales, no hay alternativa”. Por sediciosos como este, el presidente debe elegir a alguien que tenga la plena seguridad de que no conspirará contra él , llegando a hacer de la Corte de Constitucionalidad un gobierno paralelo.

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