Mario Taracena asumió como presidente del Congreso y cumplió su primera promesa: dio a luz la lista de salarios bajo el renglón de empleados presupuestados del organismo Legislativo, se limitó a cumplir la ley, pero como sus antecesores habían sido rebeldes inicia una nueva dinámica para los 158 diputados y evidencia la estupidez de cómo se ha administrado ese organismo: algunos empleados ganan más que el propio presidente y la integración del salario es caprichosa, abusiva y arbitraria. ¿Con qué solvencia moral se pretende fiscalizar?

El nuevo mandamás de los legisladores cumplió con la ley y un coro de aplausos se escuchan a su alrededor. Estamos tan acostumbrados a vivir en una cultura de impunidad, que quien se limitó a saldar una cuenta institucional pendiente edifica un precedente importante para nuestra democracia y no es para menos, sus pares de seguro le recriminarán lo hecho, sufrirá “la ley del hielo”, encontrará revanchas, salteará zancadillas, esquivará más vasos de agua, pero una luz se ve al final del túnel y no es poca cosa.

Tampoco debemos satanizar el sindicalismo como fuente de todos los males porque también hay manantiales de bajeza por otros lados y el tema de fondo es que al Estado se le ve, por unos y otros, como botín de guerra. El sindicalismo tiene un buen momento para reinventarse porque una cosa es clara: lo firmado no es Pacto Colectivo, sino delitos confesos puestos en papel. Bochornoso el papel de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de Cuentas hasta el momento.

En el Congreso ha habido corrupción, leyes han pasado a pedido de sectores que han pagado —con dinero o con poder—; nuestros diputados no pudieron con la crisis del año pasado y para muestra el patético discurso del expresidente Luis Rabbé, el cual es bueno volverlo a escuchar solo para convencernos de que una legislatura así ya nunca más debe existir.

El mayor logro de la legislatura en el 2015 fue —contra la voluntad de muchos diputados— haber declarado con lugar el antejuicio contra Otto Pérez Molina, y eso bien lo sabemos, fue producto del esfuerzo de pocos congresistas.

La última legislatura no generó en los primeros tres cuartos de su mandato nada significativo, porque hasta las leyes anticorrupción que tienen elementos interesantes contienen tipificaciones penales que son un verdadero “canasto del sastre” donde cabe todo. Debemos hacer un esfuerzo con diputados que se interesen un tanto en proteger nuestra libertad, como para modificar algunos supuestos que acechan a medio mundo y que son, en esencia, una amenaza.

El presidente del Legislativo también se comprometió a dos cosas más que deben ser empujadas por la ciudadanía. La primera: decidir cambios a la Ley Orgánica del organismo Legislativo para terminar con el transfuguismo que tanto daño le ha hecho a nuestro sistema democrático. Mientras los diputados lleguen producto de una lista cerrada, es un fraude cambiarse de corbata a cada rato; el fraude hay que atajarlo porque es mentira que se comete solo al contar votos, se hace a diario y esa práctica destruye el precario sistema de partidos. En segundo lugar, apoyar las reformas a la Ley Electoral es dar un paso para adelante para empezar a construir una reforma más profunda.

No hay una democracia sana sin Parlamento sano y no es cuestión que “nos caigan bien o mal” los diputados, el sistema está hecho para que legislen y fiscalicen; si en ese hemiciclo sigue la corrupción, muchos esfuerzos son en vano. Hoy deben impulsarse las grandes decisiones y esas, de plano, llegan a la 9a. avenida.