El presidente Jimmy Morales ya disfrutó de los honores en una tediosa ceremonia de traspaso de mando, rodeado por una corte pródiga en halagos y parabienes. También tuvo la satisfacción de caminar al compás de La Granadera —sin duda uno de los sueños más acariciados por los políticos— y compartir con un buen número de visitantes extranjeros, cuya presencia le dio mayor realce a tan trascendental jornada.

Pero mientras eso sucedía en las esferas del Gobierno, la ciudadanía se mantenía seria, ajena, apática, apartada del bullicio propio de la asunción del mando por parte del equipo de gobierno. Eso deja ver la falta de motivación suficiente como para aplaudir la llegada de su nuevo líder, para quien no hubo canciones ni vítores en la Plaza de la Constitución, ni desfiles para celebrar, tampoco cohetes para demostrar al mundo el entusiasmo ciudadano por un cambio largamente deseado.

Esta actitud expresa mucho más que cualquier proclama. Con claridad meridiana le dice al nuevo mandatario una verdad incontestable: “No estamos convencidos, esperamos resultados y estaremos vigilantes. No creemos, ni vamos a confiar así como así”.

Y luego, 48 horas después de todo aquel barullo ceremonial, una manifestación pacífica destinada a despejar cualquier duda sobre el verdadero sentimiento ciudadano. La convocatoria aun cuando no llenó la plaza, como algunas del año pasado, sí logró el cometido de lanzar una advertencia al nuevo gobierno desde una plataforma más coherente y puntual.

Este acto de ejercicio ciudadano se manifiesta como un nuevo orden de cosas, una relación de mayor poder y menos sumisión por parte de la población y sus grupos organizados, sus líderes y especialmente su juventud. Es una manera de hacerse presente para recordar a las nuevas autoridades que no van a gobernar solas ni a escondidas, porque hay una comunidad humana capaz de participar pero, sobre todo, deseosa de hacerlo.

Esta nueva relación de poder todavía carece de la fuerza suficiente para obligar a ciertos sectores de gran poder e influencia a desistir de cometer actos de corrupción y otros delitos. Sin embargo, es como una suave marea capaz de anunciar un tsunami si se la provoca lo suficiente. Es un murmullo en clave creciente, cuya presencia constituye algo más que una molestia auditiva para quienes han convertido sus posiciones de privilegio en una cueva de ladrones.

Coincidentemente con los primeros días del año, el ejercicio de analizar, evaluar y someter a escrutinio a los nuevos funcionarios deberá extenderse hacia todos los sectores de la sociedad. No existe un solo puesto en el gobierno cuyas acciones no toquen de manera directa o indirecta los intereses de la ciudadanía y principalmente sus oportunidades de desarrollo. La población debe cuidar el futuro de sus hijos e hijas, exigiendo el cumplimiento estricto de los juramentos pronunciados en público y ante el mundo entero —establecidos por ley como condición para asumir un cargo oficial— durante los actos de toma de posesión para presidente, vicepresidente, diputados, secretarios, ministros, alcaldes y otros funcionarios.

Esos juramentos, constantemente irrespetados por los sectores de poder político y económico, constituyen un compromiso sancionado por la ley, e implican una obligatoriedad absoluta. Quienes los hayan pronunciado deberán estar conscientes de encontrarse bajo la mirada fiscalizadora de una sociedad más alerta, involucrada y dispuesta a actuar por la defensa, la integridad y el futuro de su país.

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