Hoy se presentará simultáneamente en El Salvador, Guatemala y Honduras el libro La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano. Elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el trabajo identifica los principales caminos de la corrupción: 1) legislación desactualizada; 2) institucionalidad débil; 3) sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; 4) sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; 5) acceso deficiente a la información pública; 6) participación ciudadana escasa; 7) conflictos de intereses; y 8) impunidad.

Para ilustrar estos caminos, el libro recopila numerosos casos relevantes de corrupción en los países estudiados, en los que se muestra tanto el debilitamiento de la administración pública —resultado de la profundización del neoliberalismo—, como la presencia sistemática de actores privados involucrados en la mayoría de los casos analizados. Actores con suficiente injerencia económica y política como para intentar asegurar que la corrupción y la impunidad continúen garantizándoles importantes y nocivas cuotas de poder.

El proceso de investigación nos ha permitido identificar los espacios de mayor corrupción en los países analizados: adquisiciones y obras públicas, gestión del sector salud, creación de plazas fantasma, y una opaca utilización de fideicomisos y mecanismos paralelos. La corrupción es más aguda en el gobierno central de Honduras, en contraste con El Salvador, en donde esta se concentra más en los gobiernos locales. En Guatemala, la corrupción es un cáncer presente en todos los niveles de gobierno.

Con una metodología que permite aproximar los costos de la corrupción, el estudio advierte de que en Honduras los casos documentados de corrupción produjeron una pérdida estimada del 4.3% del PIB (a precios de 2015). El 95% de estas pérdidas provienen del constante saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En El Salvador, los casos de corrupción produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 2.1% del PIB (a 2015), relacionados con obras públicas y la opaca «Partida secreta presidencial». En Guatemala, a pesar de la poca información, se pudieron identificar los rubros presupuestarios más vulnerables a la corrupción (obras públicas y medicamentos), y se estimó que la pérdida por esta rondaría, en 2015, los Q4.2 millardos, cerca del 0.9% del PIB.

El libro concluye identificando una agenda anticorrupción que reivindica el rol de lo público y que ataca el problema desde sus cimientos: 1) implementar políticas nacionales para la transparencia, combate de la corrupción y gobierno abierto; 2) contar con una política fiscal que priorice la transparencia; 3) asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos y su rendición de cuentas; 4) garantizar el acceso a la información pública; 5) facilitar la participación ciudadana con espacios de colaboración con la administración pública; 6) incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción; 7) enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales; y 8) reformar el sistema de justicia para fortalecer sus capacidades en la lucha contra la corrupción.

La demanda actual de la ciudadanía podría ser un detonante para hacer avanzar esta agenda con significativos desafíos técnicos y políticos para su implementación. Todos debemos tomar conciencia de que la corrupción es un lastre para la democracia y el desarrollo.

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