Junto con otros profesionales emprendimos una decisión: liderar un grupo que pudiera presentar una opción de cambio profundo al Colegio de Abogados y Notarios. Por razones éticas, durante la campaña jamás toqué un tema relativo a la institución gremial e incluso me abstuve de comentar la crisis del sistema judicial para que no se señalara que utilizaba este espacio para conseguir adeptos. Como no logramos pasar a la segunda ronda y otros colegas se enfrentarán este viernes por conformar los tres cuerpos directivos, sin ninguna injerencia en la nueva elección debo compartir un tema que apareció en nuestras giras de forma insistente y que lesiona la posibilidad de portar esperanza para construir un sistema de justicia sano.

Nuestra campaña comenzó el 3 de enero, la elección se había fijado para el 3 de febrero, así que un mes era el tiempo que permitían las actividades profesionales, familiares y gremiales. Junto con el equipo tuve el gran gusto de visitar más de 10 departamentos y platicar con abogados y notarios que ejercen la profesión de manera liberal, otros con dedicación exclusiva a la docencia y muchos más con cargos en el Organismo Judicial, Ministerio Público o Defensa Pública Penal.

En todos los lugares tuvimos diálogos francos, y siempre saltó la aflicción de muchísimos en torno a la preparación académica que algunas facultades de Derecho le brindan a la nueva generación de estudiantes. Facultades que son verdaderas estafas académicas funcionan con total impunidad.

Funcionarios nos comentaban cómo en pleno debate los noveles defensores, en ocasiones, no tenían el menor conocimiento para rebatir lo alegado por el Ministerio Público y así la ignorancia inculpaba a su propio defendido; por otra parte, cómo algunos defensores interrogaban a su cliente pero más como fiscales que como defensores; memoriales introducidos con abundantes faltas de ortografía, pero, sobre todo, sin la menor idea sustantiva de lo discutido y fuera de la etapa procesal que correspondía, se señaló por manojo.

No es este el espacio para señalar a una u otra universidad, porque entre cada una hay diferencias abismales; sin embargo, el sistema debe cuidarse a sí mismo. Insistimos en que hay universidades que estafan a sus estudiantes y esto debemos hacerlo visible. La libertad, el patrimonio, la familia y hasta la vida pueden estar en manos de un abogado, así que esto es un debate fundamental, sobre todo cuando algunas universidades deciden abrir una jornada “fin de semana” sin ser mucho más exigentes y eficientes que las de plan diario.

Nuestra Constitución creó un órgano llamado “Consejo de Enseñanza Privada Superior”, que tiene como objetivo velar por el nivel académico de las universidades privadas. Este órgano no realiza ningún control académico y así permite que se abran facultades “de garaje” para que un mismo maestro o, si mucho, dos impartan todas las materias, sin que exista un sistema docente adecuado y sin importar contenidos y capacidad.

La educación universitaria debe llegar a la mayor cantidad de lugares y sobre todo debe seguir siendo la gran impulsora de la movilidad social, pero eso no implica que se entreguen títulos sin conocimientos básicos y con preparación académica inadecuada, porque ello es condenar a muchos jóvenes a un ejercicio profesional de supervivencia, además de que es la gran causante de la pérdida de dignidad de la profesión. Por supuesto, sin mencionar doctorados que no podemos ni siquiera calificar.

La denuncia de esta situación desnuda cómo la institucionalidad no funciona y cómo la impunidad ha logrado crear un “populismo académico” o una “estafa académica” que urge combatir, porque sin preparación básica general es mentira hablar de estado de Derecho o de una justicia para la paz.