La tarde del 26 de febrero de 2016 quedará grabada en nuestra memoria como la fecha en que un tribunal guatemalteco devolvió transformada en justicia, la verdad de las mujeres de Sepur Zarco.

En un acto de enorme valentía, este grupo de guatemaltecas del pueblo q’eqchi —que sufrió a manos de soldados los peores vejámenes imaginables— decidió buscar justicia y la encontró. Fueron tres décadas de humillaciones, de dolor y de silencio, 30 años de cargar en la mente y en el corazón una tristeza profunda. Miembros de las fuerzas del Estado —llamados a proteger a la población— fueron sus peores verdugos. No solamente asesinaron a sus compañeros de vida, sino las esclavizaron y las sometieron a servidumbre sexual y laboral.

Por muchos años debieron soportar deshonras y vergüenzas, y aún así, en un país donde la justicia queda muy lejos para casi todos, sobre todo cuando se es indígena y mujer, emprendieron una batalla sin tregua, en búsqueda de dos derechos que entendieron irrenunciables. “Que ninguna mujer vuelva a sufrir esto que nos pasó a nosotras”, dijo una de ellas cuando brindó su testimonio, y así lo entendió el tribunal que en forma unánime emitió una resolución condenatoria “para que nunca más esto vuelva a pasar en Guatemala”.

Los hechos que fueron juzgados ocurrieron en 1982, en el destacamento de Sepur Zarco, en el límite de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el que un grupo de pobladores tramitaba la titulación de sus tierras. Esa acción entendida como “subversiva” fue duramente castigada con asesinatos y desapariciones. Después vino la esclavitud sexual contra las mujeres, que a juicio del tribunal fue utilizada como “un arma de guerra”. Los vejámenes sufridos en forma continuada, en que se les trató “peor que animales”, se consideraron “delitos contra la humanidad” y por eso los hoy condenados, el ex teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdés Asij, deberán purgar una pena de 30 años.

Además quedaron probados los asesinatos de Dominga Coc y sus dos pequeñas hijas, Anita y Hermelinda, que sumaron 90 años a la condena de Reyes Girón; y la desaparición de cinco campesinos en la que Valdés Asij habría tenido participación, por lo que el tribunal le adicionó 210 años.

Cada una de las audiencias en el tribunal permitió confirmar a través de pruebas, testimonios y peritajes la verdad de las valientes mujeres de Sepur Zarco. Ni el litigio malicioso de uno de los abogados defensores y su absoluta falta de respeto a las víctimas, al insinuar que se habían prostituido, se trajo abajo su enorme dignidad.

Esta sentencia tiene un valor histórico porque permite reconstruir la memoria, porque devuelve a las víctimas —a través de la aplicación de la justicia— la dignidad que se les quiso arrebatar y porque abre la puerta —aunque con décadas de retraso— a que se repare el enorme daño cometido.

Además sienta un precedente para que los horrores vividos en Sepur Zarco y en muchos otros lugares de nuestro país no vuelvan a repetirse. Los verdugos saben ahora que sus actos no quedarán impunes. Es fácil imaginar que la maquinaria para la defensa del terror seguirá activa y continuará por la vía judicial y mediática operando para que esta resolución no se confirme.

Ojalá que 34 años sean suficientes para que los operadores de justicia comprendan que este país tiene que cambiar en definitiva y que la presión de los poderes fácticos —que han controlaron por décadas el sistema— debe quedar en el pasado. Las manos alzadas de las mujeres de Sepur Zarco debieran ser la imagen que los electores de la próxima CC recuerden antes de tomar una decisión.

@MarielosMonzon