No pueden haber programas urbanos con alcaldes corruptos. Una ciudad bebe realizar sus planes de un modo limpio, técnica científicamente, en busca del bienestar de la población en general, tal como lo establecen los estudios urbanos al respecto. Pero nos vemos expuestos a esas mafias que son tal como dicen los análisis: “Actúan como tales desde los subterráneos del Estado y que con la complicidad por acción o por omisión de una diversidad de agentes públicos y privados, que burlan los principios de legalidad, visibilidad, contabilidad y responsabilidad de los poderes públicos, en una impresionante y cada día más preocupante huida del Estado de derecho”.

Por ejemplo, tenemos ausencia de políticas de acciones urbanas en relación a la problemática agraria con una ausencia de políticas crediticias encaminadas a los sectores necesitados. Tal como la falta de una política de control del uso excesivo de agroquímicos, como acaba de suceder en el río La Pasión, en el Petén, donde se ha producido un “ecodicio” al morir miles de peces. Pero esto no es solo en aquellos lugares. En ciudades como Guatemala la situación es similar. Solo que aquí se produce “urbanicéis”.

El 4 de febrero de 1976 acaeció un terremoto en Los Amates, Izabal. Fue de magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter, a una profundidad altamente destructiva de 5 kilómetros. Abarcó desde Puerto Barrios hasta Chimaltenango, sobre la falla del Motagua. La zona más afectada cubrió alrededor de 30.000 km² y a una población de 2,5 millones de personas. Cerca de 23.000 personas fallecieron y 77.000 resultaron gravemente heridas. Aproximadamente 258.000 casas destruidas y cerca de 1,2 millones de personas sin hogar.

Así, debido a la inexistencia de una entidad para planificar los desarrollos urbanos, se propuso: “la creación de entidades apoyadas por la Federación Centroamérica”. Pero todo quedó finalmente en manos de las estructuras corruptas que manejaron la ciudad a su libre antojo e intereses. Y esta es nuestra realidad que nos muestra la Cicig: “El informe deja claro que la clase política ha estado burlándose de la población guatemalteca”.

Pero poco se ha hecho para promover e institucionalizar un proceso que defina procedimientos para la formulación de planes de ordenamiento territorial: uso del suelo, la ocupación del territorio, socioeconómico, cultural, ambiental y político-institucional, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible pero profesionalmente.

Se debería construir una línea base sobre la seguridad y desarrollo; y elaborar un diagnóstico y efectuar sondeos de percepción ciudadana con talleres participativos. Tales acciones deberían ir de la mano de personas profesionales que limpiamente los desarrollen y, sobre todo, que la corrupción quede fuera al momento de realizarlos. Algo que ha sido costumbre últimamente en nuestro medio y que nos ha conducido este desastre nacional que nos está conduciendo la desestructuración en que el terremoto fue tan solo una muestra de lo que podría llegar a ser esto.