LOS GUATEMALTECOS HAN rechazado las tradicionales, inconscientes y engañosas alharacas de los gobiernos del pasado —las cuales esperan no se repitan— cuando se producían extremadas tragedias viales de autobuses del servicio colectivo, para calmar la protesta popular, prometer inmediatas medidas drásticas y castigar a pilotos responsables, mientras pasaba el tiempo y todo quedaba en el olvido. Este problema de carácter nacional sigue vigente; ejemplo, los graves accidentes registrados antes, durante y después de la reciente Semana Santa, entre estos el vuelco de una camioneta con 70 pasajeros. en la carretera Interamericana, en Nahualá, Sololá, con saldo lamentable de 18 muertos y 40 heridos. Fue oportunidad para mal recordar aquel fatídico percance de otro bus sobrecargado con 91 pasajeros, en la ruta entre San Martín Jilotepeque y la cabecera de Chimaltenango, que dejó 54 cadáveres y 37 heridos. El piloto, de 23 años de edad, tenía licencia profesional tipo A, cuando la ley exige 25.

Cada vez que suceden estas desgracias de tránsito se deja escuchar el alboroto provocado por las autoridades específicas, lamentando el hecho, compartiendo el luto de los deudos, prometiendo una inmediata investigación y la sanción legal a choferes, ayudantes, propietarios y policías. El actual mandatario, Jimmy Morales, tiene otra excelente oportunidad para demostrar su buena voluntad, responsabilidad y promesas de cambiar las cosas malas como esta que diariamente impacta en la salud de millones de estudiantes, trabajadores, profesionales, turistas, amas de casa, menores, enfermos y viajeros por diversas circunstancias, usuarios obligados de este transporte sin ninguna otra alternativa. Dignos y respetados seres humanos —no animales— que tienen absoluto derecho a exigir respeto y seguridad para que no los dejen tirados a su suerte en carreteras o barrancos, como sucede muy a menudo, con destino a cementerios, hospitales o encierros caseros con limitaciones físicas, aparte del luto, dolor, estrés, incertidumbre y tenebroso futuro.

Urge crear un nuevo reglamento de Transito, bien estructurado y severo, con el aporte del Congreso de la República, para cambiar la obsoleta ley actual y demás iniciativas vigentes. Luego, su estricta aplicación para acabar con este repudiable riesgo. Los choferes homicidas culposos, salvo casos fortuitos, deben pagar altas multas, ser procesados y condenados, aparte de la cancelación de sus licencias, para que no vuelvan a manejar y matar a gente inocente. Importantísimo, pagarles sueldos a los pilotos, para soslayar que manejen a excesiva velocidad, peleen pasaje y recarguen vehículos —causas de tragedias—, en su afán de reunir más dinero diario para cubrir sus salarios y de los ayudantes, ganancias para sus patrones y mordidas a policías corruptos, como regularmente se ha operado.

La correción de este dilema, por la que hemos insistimos, necesita inmediata respuesta para evitar más derramamiento de sangre de gente inocente. Incluidos están: trailers, camiones, taxis, motos y picops que son de carga no de pasajeros -servicio ilegalmente autorizado-, manejados a veces por algunos pilotos ebrios, drogados, a excesiva velocidad o hablando por teléfono. Mi respeto para los pilotos responsables, excelentes ciudadanos.