Reformas constitucionales, paquete fiscal nuevo y bloqueos cada día dan más señales a los inversionistas de abandonar el país y a otros sencillamente de no venir.

Empezando por lo primero, se plantea una serie de reformas a la Constitución Política de la República, las cuales definitivamente van en la vía de tratar de imponer un pluralismo político obligado, pasando por cuotas por supuestas representatividades, dejando por un lado las elecciones por mérito. Allí también se propone un sistema jurídico con privilegios para ciertos grupos y eliminar algunos artículos como el 219, que regula los tribunales militares de la siguiente manera: “Los tribunales militares conocerán de los delitos o faltas cometidas por los integrantes del Ejército de Guatemala. Ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares”.

La realidad es que desde hace mucho tiempo no hemos visto juicios de los tribunales militares y, por el contrario, estos están siendo juzgados por la justicia ordinaria, aunque la Constitución los subordina al fuero militar, algunos aducen que esto es un privilegio que hay que eliminar. Por supuesto, ya sabemos que, por el contrario, en la siguiente fase se propondrá una enmienda a la Constitución en que los miembros de ciertas etnias estén subordinados a la justicia local, no pudiendo ser juzgados por la justicia ordinaria. Aquí el problema se pone más complejo, pues habría que agregar a los códigos cada una de las diferentes modalidades de justicia en cada región. que en muchas ocasiones difieren, a pesar de ser de un mismo lenguaje y localización. Ejemplos vivos se encuentran en las vecindades de San Juan Sacatepéquez hasta en Chicamán o Cahabón. Si las cosas van así tendremos que reformar el artículo 4 de la Carta Magna, que empieza así: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos” y finaliza con la siguiente oración: “Los seres humanos deben de guardar conducta fraternal entre sí”.

En las diferentes mesas ha habido muy escasos consensos y sí muchos disensos; por lo tanto, no sabemos qué saldrá de la Secretaría Técnica y al final quiénes serán quienes lo refrendarán, ¿Qué tan representativos serán?

Creemos que nuestra Constitución debe ser un instrumento de gobernanza que lleve a la unidad nacional, promoviendo la convivencia pacífica, y no sea un instrumento que facilite una partición que generará más confrontación de la que ahora tenemos.

Por otro lado vemos que, en compensación a la corrupción, a la ineficiencia del Estado, a las plazas fantasmas y al despilfarro del gasto público se crea otro paquetazo fiscal o tributario, que a los primeros que les ensartará la puntilla será a las empresas mineras, cuyo aporte en impuestos es del 5% contra el 4.7% que es el promedio de las mineras en América Latina, en incremento de las regalías del 1% al 10% equivalente al 900%. Al igual que el diésel, el incremento será del 250%. Las mineras se irán, como lo han sostenido varios analistas. Aquí ya la minería está muerta, mientras México, Perú, Bolivia y Ecuador la incentivan, no digamos Chile, que la tiene como su mayor fuente de ingresos.

El diésel subirá, y con él los fletes y los pasajes; y la canasta básica no esperará de inmediato su incremento.

Ya la conflictividad generada por los bloqueos seguirá reduciendo los ingresos de Estado y no habrá impuesto que alcance. Ahora fueron las aduanas, veremos mañana a quién se les ocurre dañar, pero que su camino está trazado es un hecho.

Por eso vamos metiendo retroceso.

induagro@yahoo.com