Impacta profundamente a los guatemaltecos el elevado número de trágicos accidentes de tránsito que a diario —35, en promedio— se registran en esta capital y en la provincia, con elevada cantidad de muertos, heridos, lisiados y estresados, por culpa de pilotos inexpertos, irresponsables, abusivos, ebrios, drogados, desvelados, trasnochados, que manejan a excesiva velocidad, celular en mano, ignorantes de leyes y reglamentos, sin licencia o con este documento alterado. Además, cuentan con el repudiable aval de autoridades que desde hace años no aplican la obsoleta pero aún vigente legislación en la materia, como es su deber. Esta crisis se intensifica ahora por la millonaria cantidad de vehículos que circulan por calles y carreteras. Citamos solamente a los choferes malos, no a los buenos, que los hay muchos.

Son numerosas las víctimas inocentes, apareciendo a la cabeza los usuarios del servicio colectivo urbano y extraurbano, obligados por necesidad a utilizar autobuses en mal estado. Sus conductores guían a extremas velocidades, rebasan a la brava, peleando pasaje para ganar más dinero para ellos y sus patronos. Los traileros se accidentan a menudo por conducir de día, noche y madrugada, sin descanso, cubriendo prolongadas jornadas para ahorrar tiempo y también obtener mejores ingresos económicos para ambas partes. Recientemente se registraron siete graves percances en una sola mañana, en rutas cercanas a esta capital, con pérdidas de vidas humanas. Los empresarios les imponen a sus pilotos, como descabellada consigna, no frenar si se les atraviesa peatón o vehículo alguno, y que deben huir para burlar a la autoridades, pues el seguro se encarga de todo.

Los picops y camiones son utilizados como transporte colectivo, cuando lo son exclusivamente para carga. En la provincia este servicio es normal no obstante su ilegalidad, en cuyo delito, además de propietarios, choferes y policías, caen algunos jefes o miembros de familias que conducen a sus seres queridos a la muerte, al viajar en carrocerías o palanganas sin la más mínima protección, y pueden ser expulsados a su suerte. También están los motoristas —sin casco ni chaleco, con cuatro personas más a bordo, incluyendo inocentes niños—, taxistas, tuctuqueros y repartidores de comida rápida que abusan del volante y provocan pánico y desgracias; automovilistas locos y “madrugadores”; autoridades que extienden licencias a nuevos pilotos inexpertos, con el aval de las escuelas de automovilismo, que los preparan pocas horas; peatones atrevidos, bolitos o haraganes que no usan las pasarelas y optan por atravesarse las calles, por ser más fácil, pero peligroso. La ridícula costumbre de que “se les fueron los frenos” son puras mentiras, pues los vehículos pesados no responden por exceso de velocidad, recarga, falta de mantenimiento y conductores anormales.

El gobierno debe apagar esta brasa, además de atajar otras crisis que lo rodean, con el apoyo de los diputados, para actualizar una ley severa que establezca elevadas multas, prisión y condenas, incluyendo a los policías mordelones, así como cancelación definitiva de licencias y autorizaciones de transporte. Veremos qué sucede. Actualmente los infractores salen libres a los pocos días, por flojedad de leyes y juzgadores.

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