tiene respecto de las reglas establecidas por nuestro texto supremo.

Una Constitución no se respeta por el hecho de serlo, se respeta y venera por lo que ella representa y significa. Un marco jurídico que permitió la libre difusión de ideas como una realidad es para los guatemaltecos un valor significativo, hace tan solo 40 años los gobiernos mataban institucionalmente a quienes no pensaban como ellos querían y esto debe tenerse claro. Además, haber abierto los espacios de participación política a todas las ideas es fundamental, sobre todo si se toma en cuenta que hace unas décadas tener pensamiento distinto a los regímenes significaba cárcel, exilio o muerte.

Si tuviéramos que hacer un catálogo de eventuales temas que deben ser abordados desde una óptica de reforma constitucional, muchos saldrían a luz, pero también la mayoría deberían abordarse desde una óptica regional y global, como por ejemplo, el narcotráfico, la corrupción, el desencanto con la democracia, la pobreza, el acceso al crédito, la frustración municipal, entre otros, constituyen sentimientos que se prologan por América Latina y basta echarse una ojeadita en páginas de diarios extranjeros para constatar esto.

Guatemala sufrió un enfrentamiento armado que ha dejado secuelas y aún bandos irreconciliables. La administración de justicia tuvo mucho de la responsabilidad en torno a cientos de situaciones que pudieron haberse evitado o sancionado sin que eso se hiciera, logrando convertir a la impunidad en un germen que carcome los cimientos de la convivencia.

Los constituyentes nos dejaron una Constitución para ser cumplida, y este texto se ha visto frustrado, no un par de veces, sino muchísimas, porque las mujeres y hombres que han jurado su defensa se han burlado de ella y, como es habitual, han conseguido impunidad.

Este año cambiarán los funcionarios que ocupan los cargos en la más alta jerarquía del andamiaje institucional de la administración de justicia, y esto conlleva sobre todo dos cuestiones fundamentales: el respeto al juez y al magistrado, en primer término, pero también la exigencia ciudadana por cambiar con decisiones estructurales lo sucedido, sobre todo si no nos gusta.

Suponer que solo los abogados debemos estar interesados en estos temas no es solo un error, es el principio de la continuidad de la ausencia de cumplimiento del marco jurídico, y esto, por nuestros hijos, es una locura.

Las comisiones de postulación son órganos constitucionales con una misión clara, deben ser respetadas y apoyadas, pero para eso deben empezar con el ejemplo, y por eso su forma de elección es primordial.