Estas últimas semanas nos enteramos de que Francisca Gómez Grijalva, mujer maya k’iche’, intelectual, columnista de Prensa Libre, ha sido perseguida y demandada por la empresa Cementos Progreso, solo por el hecho de denunciar las atrocidades que esta empresa está ocasionando en las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez.

En nuestro país no solo esta empresa está ocasionando estragos, también lo hacen las hidroeléctricas que se están construyendo a lo largo y ancho de la región norte, las fincas llenas de palma africana, las de caña de azúcar, las mineras, todas y en su conjunto están destruyendo los territorios indígenas, aunque existan columnistas y dizque intelectuales que defienden el modelo de desarrollo y que se niegan a reconocer el derecho de los pueblos a defender su territorios. Los pueblos lo hacen porque históricamente son sus territorios y donde han construido y defendido su cosmovisión.

Da tristeza leer escritos, columnas y ensayos de estos dizque intelectuales que hasta hoy niegan el derecho a la consulta de los pueblos e incluso les cuesta reconocer el carácter vinculante del convenio 169, cuando la misma Constitución Política de la República en su artículo 46 reconoce que los convenios y acuerdos ratificados por el Estado de Guatemala son ley. En este sentido, todas las consultas y las demandas de los pueblos a defender sus tierras es un derecho humano y el Estado de Guatemala tiene que respetarlo.

En todas partes hemos visto cómo las empresas para justificar sus proyectos presentan estudios de impacto ambiental, primero elaborado por expertos que se venden al mejor postor; segundo, sin fundamentos y sin hacer estudios con la participación de las comunidades en donde se construirá dicho proyecto. Por otro lado, las empresas justifican su trabajo, solo por el hecho de que darán trabajo temporal a las comunidades. Pero nadie se pone a pensar sobre el daño permanente hacia las mujeres, ancianos, hombres, niños y niñas. Como ya lo estamos viendo en Sipakapa, San Miguel Ixtahuacán, y en las fincas de producción de palma africana, donde la gente se está enfermando por tanta contaminación.

Es por eso que alguien les dice lo que no está bueno. Las empresas, al estar bajo la protección y la tutela del Estado, lo que hacen es criminalizar e incluso hasta llegar al asesinato, como en Barillas, Xalapán, Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, Cahabón, solo por citar unos ejemplos. O bien, utilizar al sistema de justicia, que está a su servicio.

Nuestra solidaridad con Francisca y con todos los pueblos indígenas de Guatemala.