Los repudiables asesinatos en Mazatenango de los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre; Federico Salazar, de un medio televisivo de cable y reportero de Radio Nuevo Mundo; Armando Villatoro Ramos, camarógrafo de una empresa de televisión en Chicacao, Suchitepéquez, y del candidato a alcalde municipal de Jalpatagua, Jutiapa, Marvin Alexander Samayoa, del partido Líder, así como dos hechos calificados de terrorismo cometidos frente al Hospital San Juan de Dios y Chiquimulilla, Santa Rosa, presagian una posible temporada pre y poselectoral violenta, aunque el pueblo espera que esto no suceda, pues ya ha soportado suficiente, anhelando que el próximo evento político se desarrolle en paz y sea una fiesta cívica.

Diversas entidades periodísticas del país han efectuado manifestaciones pacíficas de protesta y emitido comunicados de repudio por estos crímenes. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), con el apoyo de otras organizaciones, también marchó hacia el Ministerio de Gobernación, donde los directivos fueron recibidos por el ministro Mauricio López Bonilla, en un positivo diálogo y la promesa de que estos hechos quedarán aclarados lo antes posible, al concluir las investigaciones en las que participan el Ministerio Público y los tribunales, así como la creación de la Unidad para Proteger a los Periodistas. El periodista italiano Tommaso Alimelli, quien visita anualmente Guatemala, envió un sentido mensaje de dolor y dijo que su país también llora por los colegas asesinados, condena tan alevosos asesinatos y se solidariza con las familias de las víctimas y con la Prensa nacional.

Es normal que exista preocupación en la ciudadanía, porque si ha sufrido abierta criminalidad en tiempos aparentemente normales desde hace años, teme que este acontecimiento electoral puede ser aprovechado por malos políticos que ambicionan llegar al poder a como dé lugar, o bien, por la delincuencia que golpea. Las autoridades deben adoptar medidas preventivas con inteligencia, valentía y determinación; los dirigentes deben demostrar prudencia, respeto y conciencia ciudadana, y la población civil debe actuar de manera pacífica, ejercer el derecho de voto, o no hacerlo, para evitar lamentaciones y protestas, aunque este extremo podría ser más perjudicial.

El TSE debe demostrar autoridad contra los políticos que no respetan las leyes, como sucede con la propaganda anticipada. La magistrada María Eugenia Mijangos proyecta un “pacto ético y político”, que deben firmar y cumplir los involucrados sin tapujo alguno. Las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público tienen una delicada tarea, no obstante tener poco personal, falta de equipo sofisticado, bajos presupuestos y jefes y agentes infiltrados. En los últimos meses del año pasado y presente han demostrado capacidad desbaratando peligrosas estructuras criminales, pero falta mucho; la guerra está abierta, existe un reto constante de los antisociales.

Dios proteja a Guatemala y a sus habitantes en las próximas elecciones generales.