Ese último acto, que puso fin al conflicto armado interno, de 36 años de duración, fue conmemorado ayer, en horas de la mañana, por el Gobierno de la República, que rindió homenaje a los signatarios de esos documentos, a los miembros de la comisión oficial y a representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en presencia de numerosas personas, entre las que se contaron algunos de los que negociaron los acuerdos previos, sin los cuales la ceremonia de diciembre de 1996 no habría sido posible.

Por primera vez en los dieciséis años transcurridos, la celebración tuvo como protagonista principal a un presidente de la República, ligado a los acuerdos de paz tanto por su rango de alto funcionario público como por el hecho de haber sido uno de los militares que tuvieron participación activa en las negociaciones, que duraron diez años, a partir del nombramiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Reconciliación.

Otro personaje destacado en la conmemoración fue Ricardo Rosales Román, quien leyó un discurso crítico acerca del incumplimiento de los mencionados acuerdos.

Rosales fue uno de los comandantes de la guerrilla y dijo que una de las tareas pendientes consiste en promover la aplicación de los acuerdos de paz en toda su dimensión, con el propósito de dar solución completa a las causas que dieron origen al conflicto armado interno.

El presidente, a su vez, prometió dedicar sus mayores esfuerzos a trabajar porque los acuerdos de paz se cumplan.

Fue muy interesante, también, la participación del Consejo Ecuménico de Guatemala, cuya exposición abarcó diversos aspectos de la problemática nacional.

La ceremonia culminó con el cambio de la rosa de la paz, acto que estuvo a cargo del excomandante de la URNG, Ricardo Rosales Román; la licenciada Raquel Zelaya, el doctor Gustavo Porras Castejón y el licenciado Richard Aitkenhead; acto seguido por la entrega de reconocimientos a los actores en las negociaciones, y las firmas en el libro de oro.

Por mi parte debo repetir lo que he dicho y escrito en algunas ocasiones anteriores. Y es que los acuerdos de paz —no exentos de críticas por estudiosos, comentaristas y políticos— han sido fundamentales para el posterior desarrollo de la vida social en Guatemala. Fundamentales en el buen sentido, pues pusieron fin a un derramamiento de sangre que había afectado a cientos de miles de familias guatemaltecas y extranjeras.

En varios sentidos, el nuestro es ahora un mejor país que el que padeció la brutal represión de los años de la guerra.

Por aparte, los acuerdos de paz son la mejor y más amplia agenda nacional que Guatemala haya tenido en toda su historia, por lo que son más populares que la Constitución Política de la República. Están más en la conciencia de la población que cualquier texto legal, pues señalan en forma directa las grandes necesidades de la población. Necesidades todavía no satisfechas.

Los acuerdos expresan con claridad consensos de carácter nacional, por haber sido avalados por todos los sectores de la sociedad civil, en múltiples encuentros, celebrados en distintos países durante varios años.

Corresponde al Estado, en primer término, dar cumplimiento a los acuerdos y hacer que se cumplan. Y esto es lo que ha faltado, sin desconocer que en algunos momentos de la vida nacional, el Gobierno y, en general, las instituciones públicas han hecho intentos por hacer honor a aquellos compromisos. La situación es hoy mejor que antes.

Una de las obligaciones fundamentales del Estado, solemnemente adquiridas, es trabajar en una agenda integral orientada a superar las causas del enfrentamiento armado y sentar las bases para un nuevo y mejor desarrollo, como respuesta a las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y, a la vez, unir los esfuerzos de todos en aras de esos objetivos comunes.

Así que no es mala idea tomarle la palabra al Gobierno.