El domingo 17 de diciembre fue un día que marcará seguramente el devenir de la región centroamericana en los próximos años. A mi criterio, el hecho más importante fue la declaración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras de que el ganador de los comicios electorales fue el actual presidente. Poco importaron las tres semanas de protestas de la población, las pruebas presentadas por la Alianza Opositora sobre las múltiples maneras en que se gestó el fraude durante las elecciones y finalmente, el informe de la misión electoral encabezada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que empujó a que este organismo no tuviera más remedio que pronunciarse tardíamente, solicitando la repetición de los comicios. Valga recordar que estos elementos no incluyen el hecho de que a dicho proceso viciado lo precede la modificación arbitraria de la Constitución, hecha para ajustar la misma para que el mandatario pudiera reelegirse, acción realizada sin el consentimiento popular. Más grave aún, cuando ese país en el 2009, el entonces presidente Mel Zelaya fuera derrocado y expulsado de su país por haber planteado hacer lo mismo por medio de una consulta popular. Al menos él, a diferencia del actual presidente, se planteó consultarle a la población. El actual, ni siquiera. Le bastó con manipular los poderes bajo su control.

Así, con el anuncio del TSE hondureño del domingo 17, se consolidó el fraude y quien lo hizo fue la principal autoridad responsable de salvaguardar la pureza de ese mecanismo primario y esencial de la democracia. Casualmente, el anuncio se hizo justo antes de que la OEA se pronunciara públicamente solicitando que se repitieran las elecciones como la única manera para resolver la situación, detener la violencia y la restricción de los derechos ciudadanos que acompaña el toque de queda y, sobre todo, la decisión del actual gobierno de usar al ejército para reprimir violentamente las manifestaciones populares de descontento por lo acontecido durante las elecciones y que tienen ya la cauda de más de 20 muertos y decenas de heridos.

El contraste se hizo aún más brutal luego de lo acaecido en Chile ese mismo día, cuando resultó electo nuevamente el expresidente Sebastián Piñera. El contexto y proceso electoral; la entrega casi inmediata de resultados y, luego, la actitud con la cual autoridades de gobierno de ese país y las electas intercambiaron sobre el proceso de transición de mando refleja en buena medida lo que los ciudadanos centroamericanos queremos tener como mínimo democrático en nuestras sociedades. Como ya señalé en columnas previas, no es que tener procesos electorales robustos sea suficiente, pero sí es el mínimo. Pero ahora hasta eso se perdió en Honduras y, antes, en Nicaragua. Tenemos ahora dictaduras electas.

Como ya vimos en otras regiones de Latinoamérica, las reformas constitucionales orientadas a favorecer las reelecciones de gobernantes en el poder han tenido resultados de desarrollo muy distintos en cada país. Supongo que eso depende de si el grupo al que encarna el dictador electo quiere reproducir el estatus quo o más bien trata de romper con él. También, si tiene detrás una fuerza política y poblacional suficiente como para resistir los contraataques del estatus quo y de los intereses transnacionales asociados, en caso los vean como poco afines a sus intereses. Por eso, no se las puede meter a todas en el mismo saco.

En Nicaragua y, ahora, en Honduras las dictaduras electorales, aunque tengan discursos ideológicos distintos, están para reproducir el sistema vigente, no para transformarlo. Por ello es probable que más de alguien quiera hacer algo parecido en Guatemala.

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