El polvo levantado por la publicación de parte de los desfalcos hechos —o consentidos— por los diputados se ha convertido en lodo. Ese dicho de que los niños, los bolos y los locos dicen la verdad, pareciera haber tomado forma a través del “loco” Taracena, quien con una magistral jugada filtró los listados de privilegiados “trabajadores” del Legislativo, por miedo, seguramente, a ser incluido en la investigación emprendida por la Cicig.

Los diputados guardan silencio tras la divulgación de las listas y a lo sumo se han escuchado tímidas voces diciendo: “yo no fui” o “no sabía nada”. ¡Es cruel que te llamen estúpido en la carta, aunque sea con indirectas! Si no eran conocedores de la situación, es porque no hicieron su trabajo que era, entre otros, el de fiscalizar. Si sabían de ello —que es lo más probable—, son cómplices por omisión de denuncia.

Todos los diputados, sin excepción, abusaron de privilegios pagados con cantidades millonarias procedentes del erario público y están contagiados del autismo más vil y rastrero por carecer de la valentía necesaria para enfrentar a sus pares.

Habría que preguntarse para qué puñeta quieren tanto asistente, ujieres y varias secretarias fieles y leales, amén de asesores múltiples. Es hora de suprimir esos lujos de políticos sibaritas y dejar que quien desee gozar de tales privilegios, los pague de su bolsillo y no con nuestros impuestos. Sin embargo, únicamente hemos visto la punta del iceberg. No se ha hablado suficientemente de los alquileres de edificios, de los fondos rotativos, de las inútiles comisiones al exterior y de lo más caro de todo: el listado geográfico de obras que manejan a su antojo.

No es que urja una depuración del Congreso, es que hay que disolver ese ente, nido de delincuentes. No son rescatables, porque han demostrado que no pueden lidiar con una situación como la que se está revelando. El miedo al que dirán los otros o el actuar políticamente correcto, no puede seguir siendo obstáculo para justificar la inacción de algunos/as que se pensaba podían salvarse de la quema pública.

Al igual que la ciudadanía sacó de la carrera por el Legislativo a todo aquel que tuviera tufillo a la vieja casta, es preciso prescindir de todos los que llevan siquiera una legislatura en el hemiciclo. No se puede seguir cerrando los ojos a una evidencia mostrada cruelmente, especialmente en un país en el que muchos ciudadanos mueren de hambre mientras falsamente se hacen discursos por el “bien del pueblo”, al mismo tiempo que se roba descaradamente dinero o se favorece a allegados con una displicencia propia de caraduras profesionales. La investigación emprendida por la Cicig ha ablandado a algunos que muestran posturas de colaboración, denuncian tardíamente o se encogen de hombros al “sorprenderse” de lo que ocurría, algo que dicen desconocer.

Estamos en un momento histórico. Hay que dejar al Ejecutivo actuar y ver cómo resulta; eso ya está en marcha, aunque hay que aceitar el camino. El esfuerzo ahora es en el Legislativo y ver cómo esa mara extorsionadora se va a su casa a trabajar y dejar de delinquir o callar con su silencio lo que otros hacen mal. No se debe de perder el norte ni dejar de hacer presión. Mientras, hay que ir preparando qué hacer en el poder Judicial. La elección de integrantes de la CC está próxima y los del bloque PRO —antes Líder y mucho antes UNE— quieren convocar a una asamblea constituyente. ¡Buen distractor!

Si algo medianamente coherentemente balbuceó aquel enfermo que quería ser presidente —ahora exiliado—, fue aquello de que “solo el pueblo salva al pueblo”. ¡Pilas pues!