Lo anterior, considerando que el déficit habitacional del país se calcula en un millón 980 mil 527 unidades, según la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), y los departamentos que concentran la mayor parte del problema son Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Escuintla y Suchitepéquez.
Cuando el decreto cobre vigencia, luego de su publicación y la del reglamento respectivo, cualquier familia que carezca de una solución habitacional y cumpla los requisitos establecidos, podrá optar a un crédito hipotecario con una tasa de interés de la cual, el Estado pagará una parte (tasa subsidiada), y el deudor la otra (tasa preferencial).
En el primer caso, la ley establece que la entidad bancaria determinará mensualmente el monto de la tasa subsidiada que le corresponde al Estado y dicho monto será acreditado al pago del impuesto sobre la renta (ISR) u otros que deba pagar al mes siguiente.
Y en el segundo, a cada beneficiario se le aplicará un descuento directo (tipo retención), monto que su empleador trasladará a la entidad bancaria otorgante del crédito. Esta tasa equivale a la porción de la tasa anual del crédito, luego de restarle la tasa subsidiada, más los seguros aplicables.
El monto máximo del crédito a otorgar será de 170 salarios mínimos que, en promedio, equivalen a un rango entre Q510 mil y Q520 mil, que será el techo de cada crédito para la compra de la vivienda.
Impactos esperados
- Cualquier trabajador de una empresa o institución de gobierno y cuyos ingresos familiares sumen por lo menos al equivalente de dos salarios mínimos, puede acceder a estos créditos, ahora con una tasa de interés más baja, que las cobradas en promedio por el sistema bancario.
- El fomento a la construcción de nuevos proyectos de vivienda social, por lo que muchos desarrolladores podrán invertir en proyectos de ese tipo.
- El Estado ya cuenta con las herramientas disponibles para la aplicación de la ley y no es necesario crear ninguna instancia nueva porque todo el sistema crediticio está implementado y funcionará como hasta hoy, pero con una tasa preferencial.
- No se necesita crear un ente supervisor ni contratar burocracia adicional, ya que existe un mecanismo reglamentado por el administrador tributario.
- Aunque el Estado dejará de percibir menos impuestos en el corto plazo, después los recuperará con nuevas inversiones en vivienda social.
